La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha emplazado para este próximo miércoles, día 3 de octubre, a las distintas partes personadas en el denominado 'caso PGOU' para darles a conocer su decisión sobre la prescripción de delitos invocada por las defensas de las catorce personas encausadas en el proceso judicial dirigido a conocer si hubo irregularidades en la modificación de la principal herramienta de planeamiento urbano de la capital.

En su providencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el tribunal que preside el magistrado José Luis Ruiz Romero ha citado para este miércoles, a partir de las 11.00 horas, a las acusaciones pública y popular, ejercida ésta por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', y a las defensas con el fin de comunicar su resolución sobre si todos o algunos de los investigados quedan fuera del proceso al haber prescrito los delitos atribuidos o bien estima que no hay tal prescripción para ninguno de ellos.

En el supuesto de que el auto de la sala fuera recurrido por alguna de las partes, el escenario planteado entonces sería que la causa quedaría 'varada' por espacio de casi un año, pues esa es la media de que viene tardando el Tribunal Supremo en resolver un recurso de casación.

Y es que hasta que los hipotéticos recursos estuvieran resueltos, siempre que alguna de las partes acudiera en casación ante el Alto Tribunal, la Audiencia de Valladolid estaría atada de pies y manos y no podría celebrar el correspondiente juicio contra los procesados.

No se espera que el miércoles la Sección Cuarta de lo Penal se pronuncie sobre el resto de cuestiones previas alegadas por los defensores, que en las dos primeras sesiones pidieron, fundamentalmente, la nulidad del proceso por indefensión tras advertir de que les falta aún el 50 por ciento de la causa, con lo que difícilmente pueden defender a sus clientes de aquello que desconocen.

Hasta la propia fiscal del caso pidió la suspensión del juicio, como así ocurrió finalmente, para subsanar la falta de documentación de las partes.

Ni siquiera el propio tribunal ha quedado al margen de ese traslado incompleto de la causa. De hecho, la sala, a través de una providencia conocida este martes, ha requerido a Instrucción 1 para que le haga llegar el expediente III/2002 relativo al PGOU compuesto por 12.000 documentos y 1.800 planos que el Ayuntamiento de Valladolid digitalizó y remitió al secretario judicial pero que quedó bajo su custodia, sin quedar unido a la causa.

Mientras tanto, persiste la suspensión del juicio y todas las testificales y periciales que habían sido fijadas entre los días 9 de octubre y 7 de noviembre.

A los catorce imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional en el que incluye al religioso Lino Collazos, de la Fundación Emilio Álvarez--no aparece en la lista del fiscal--pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.