Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE en Castilla y León exprsaron hoy su oposición a que se cierre la Fundación Anclaje, tal y como acordaron PP y Ciudadanos en la Comisión Paritaria creada para analizar el sector público de la Comunidad. "Los agentes económicos y sociales de la Comunidad defenderemos la continuidad de esta Fundación y de sus funciones", indicaron, para exigir la extensión de su papel a campos como la responsabilidad social empresarial y otras materias del Diálogo Social.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones indican que "sorprende especialmente" esta decisión y la apuesta por la integración de la Fundación en el Instituto para la Competitividad Empresarial, porque requiere el acuerdo de las organizaciones, empresarial y sindicales, que componen el Patronato.
"Es evidente, y no puede dejar de serlo para los miembros de esa Comisión Paritaria, la imposibilidad de dicha supresión sin mediar la voluntad conforme de los dos tercios de su Patronato, lo que necesariamente requiere el acuerdo de las organizaciones, empresarial y sindicales, que lo componemos".
Asimsimo, indican que más allá de eso, la integración en la estructura del ICE "no parece una fórmula idónea por cuanto nada tienen que ver las competencias de uno y otro instrumentos, ni sus fines, ni su modelo de organización y funcionamiento".
Las organizaciones explicaron que la Comisión Paritaria entre Ciudadanos y Partido Popular que tenía la misión de analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Comunidad culminó sus trabajos la semana pasada y centró sus deciciones "prácticamente en exclusiva, sobre las dos Fundaciones de las que somos parte los agentes económicos y sociales", Anclaje y Serla.
Sindicatos y empresarios defendieron el "valor" que ha tenido la Fundación Anclaje en la gestión de varias crisis empresariales, a través de un protocolo para evitar cierres, constituyendo durante estos años "un referente para la puesta en marcha de instrumentos similares en otras comunidades autónomas". Al respecto, recalcaron sus actuaciones en más de cincuenta empresas, y resultados positivos cuando menos en un 70 por ciento de los casos.
El propio Comité Económico y Social Europeo, recordaron, ha recogido esta línea de actividad como ejemplo de buena práctica en la gestión de las situaciones de crisis y de los procesos de deslocalización de empresas.
Serla
Por otra parte, en relación a la Fundación Serla, indicaron que el informe se ciñe a la postura mantenida por la Administración en las negociaciones de los últimos meses. Al respecto, señalaron que no se cuestiona ni la pervivencia ni la oportunidad de su extensión territorial y material, "si bien se condiciona esta extensión a la disponibilidad de recursos, cuando es notorio que esos recursos ya existen y están consignados en los presupuestos de la Comunidad de los últimos ejercicios, incluidos los de este año 2021".
Además, constatan que también aquí se hace referencia a la posible modificación de los Estatutos, lo que, de nuevo, "exigiría el acuerdo, en este caso por unanimidad, con los agentes económicos y sociales que componemos su Patronato".
"Los agentes económicos y sociales confiamos en la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad en la gestión del informe que ahora se ha hecho público, de modo que no se cercenen instrumentos que se han manifestado útiles y eficientes para poner en práctica políticas públicas de interés e impacto en el desarrollo económico y social de Castilla y León. Lo contrario, como ya hemos dicho en relación al Serla, constituiría, además de un atropello político y jurídico, un retroceso inexplicable en materias especialmente necesarias para apoyar la salida de la crisis en la que nos encontramos y el futuro económico de la Comunidad", sentenciaron.