El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha revisado los expedientes de los años 2015 a 2018 relativos a la mediación por parte de asociaciones de la comunidad gitana y ha asegurado que en ellas se comprueba que no se realizaron "cobros en B o de dinero negro", por lo que ha reclamado al alcalde socialista, Óscar Puente, que "pida disculpas" tanto a los representantes gitanos como a los empleados públicos.
Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, en una rueda de prensa en la que, acompañado por la edil Rosa Isabel Hernández, ha mostrado las copias de los expedientes a lo largo de estos cuatro años en los que "simplemente por peso" se puede observar que el trabajo era "mucho mayor" en los años 2015, con convenio firmado todavía por el Gobierno municipal del PP, y en 2016, ya a cargo del actual equipo, que en 2017 y 2018.
El origen de esta polémica se remonta a finales del pasado mes de enero, cuando según Martínez Bermejo, "el todavía alcalde", Óscar Puente, manifestó en declaraciones que cuando llegó al Ayuntamiento se vio que había "una serie de mediadores gitanos que cobraban un dinero del ayuntamiento sin que hubiera ningún expediente que lo justificara y sin factura" y que el presidente que dirige la asociación de mediadores, "cobraba como mediador del ayuntamiento de Valladolid en B, sin recibo y sin una justificación".
En las últimas semanas, según ha explicado el edil del PP, el Grupo ha solicitado los expedientes de los últimos años de convenios o contratos con los mediadores de la comunidad gitana y "después de resistirse durante mucho tiempo", el equipo de Gobierno "gracias a la mediación del interventor y el secretario general" finalmente ha proporcionado la documentación solicitada, pero sólo la que abarca los años 2015 a 2017.
De estos expedientes, según Martínez Bermejo, "ha quedado claro" que en el expediente de 2015, cuyo convenio estaba suscrito por el anterior equipo de Gobierno del PP, no se produjeron "cobros en B", lo que como ha recordado es "el comúnmente llamado dinero negro, oculto de la Hacienda Pública, normalmente obtenido en operaciones ilegales" o también el "dinero que procede de una transacción monetaria que no está declarada de forma correspondiente ante las autoridades fiscales o monetarias competentes", acciones que se consideran "ilegales" y que pueden suponer un delito fiscal.
Según Martínez Bermejo en ese expediente se observa una "extensa documentación justificativa" que demuestra que la organización de mediadores gitanos "cumplía antes, durante y después todas sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social". Del mismo modo, la documentación existente "demuestra la justificación de la subvención aportando facturas, recibos, salarios, certificados de Hacienda, ingresos a la Seguridad Social".
Además, los funcionarios responsables de la gestión del programa certificaron en marzo de 2016 el cumplimiento y justificación integra de la subvención.
Por lo tanto, ha recalcado en primer lugar que Puente realizó unas "duras acusaciones", en las que ha advertido de que percibe un cariz "discriminatorio" y de "revancha" contra alguno de esos mediadores que unos días antes de las declaraciones se quejaba de que el Ayuntamiento destinaba menos fondos asta materia. De hecho, ha acusado al regidor de haber "difamado" tanto a la Comunidad gitana como a los empleados públicos.
Asimismo, ha incidido en que Óscar Puente, a quien se ha referido como "alcalde justiciero" por haber motivado en su día el juicio contra el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, por la firma de las cartas de conformidad para los préstamos de la SVAV, "no ha llevado a nadie a los tribunales" por el asunto de los supuestos pagos en B "porque era mentira".
Por ello, ha insistido en reclamar al regidor socialista que pida disculpas porque, aunque ha ironizado con que él sí que está acostumbrado a los "insultos" por parte de Óscar Puente, la comunidad gitana y los funcionarios municipales no lo están.
Además, ha añadido que en el año 2016, el actual gobierno municipal liderado por Óscar Puente suscribió un nuevo convenio "exactamente igual que el anterior" y ejecutado "de la misma manera con la misma justificación y documentación por parte de la asociación de mediadores gitanos".
Por ello, se ha preguntado por qué "si hubo pagos en B" según el alcalde en 2015, no les hubo en 2016 y ha respondido él mismo para decir que no se produjeron ni un año ni otro.
Los años 2017 y 2018, se cambió el formato y Puente acudió a un contrato menor de importe inferior a 6.000 euros año "para evitar tener que licitarlo u ofertarlo a 3 empresas" y fruto de ese nuevo sistema, "se reducen mucho las actuaciones de mediación, produciéndose mayor riesgo de conflicto y del mismo modo se reducen las cantidades de apoyo de manera considerable", ya que se ha pasado de 25 mediaciones subvencionadas en 2015 a cuatro contratos en 2018.
Martínez Bermejo ha interpretado que las quejas del presidente de la asociación gitana manifestó públicamente su disconformidad con esta modificación los mediadores intervienen menos y, por ello, "el conflicto queda larvado".
A todo ello, Martínez Bermejo ha añadido que Puente ha mentido para "recuperar posiciones ante el próximo proceso electoral" y también ha considerado que ha buscado "blanquear su imagen muy deteriorada ante el pueblo gitano" al colocar como número ocho de la lista del PSOE a la abogada y trabajadora de la Fundación Secretariado Gitano Carmen Jiménez, a quien el portavoz 'popular' ha manifestado "un gran respeto" y ha considerado como una persona "muy válida".
Eso sí, Martínez Bermejo ha sugerido a Jiménez que inste a Puente a que pida disculpas y que, de lo contrario "valore tomar alguna decisión". Además, ha apostillado que si el regidor no pide disculpas debería "marcharse" ya que cree que da "una mala imagen para la ciudad de Valladolid y no ejerce como el alcalde de todos los vecinos por su trato discriminatorio".