El 1 de enero de 2016 arrancaba en los juzgados españoles el llamado plan ‘Papel Cero’, cuyos objetivos eran adaptar la Justicia a las nuevas tecnologías y, de paso, acabar con el ingente gasto que se acometía cada año en folios y tinta, siendo una de las administraciones con más desembolso en ese sentido. Tres años después, se continúa con un coste superior al millón de euros, tras apenas haber logrado reducir en un tercio ese gasto y de que la digitalización de la Justicia no haya conseguido dejar de ser un foco de problemas y quejas en la práctica totalidad de ámbitos. «El expediente digital es el futuro, eso está claro, pero no según está concebido en la actualidad», argumenta el juez decano, Emilio Vega. «Ahora ya no se cuelga el sistema, como pasaba hace un año, pero se trabaja con una lentitud alarmante», apostilla el delegado de Comisiones Obreras en los Juzgados de Valladolid, Raúl Franco.
«El objetivo del plan ‘Papel Cero’ era eliminar el papel de los órganos judiciales y no se están teniendo los resultados esperados», puesto que, según apunta Franco, «casi se gasta y se consume más en papel y en tóner que antes del inicio de ese proyecto y eso no es por culpa de los integrantes de la oficina judicial», en clara alusión a que en muchos juzgados son los propios jueces los que exigen que se siga imprimiendo el grueso del expediente. Y el juez decano lo admite sin tapujos: «Al final, como las cosas no van bien, se acaba imprimiendo mucho».
Desde 2015, el gasto en papel y tóner para los juzgados y tribunales se halla centralizado a través del Ministerio de Justicia, por lo que no se puede determinar cuánto de los 1.203.402 euros pagados el último año es de Valladolid; una extrapolación por el número de juzgados llevaría a una cifra superior a los 130.000. En 2015, el último año previo a que se implantase el modelo ‘papel cero’, el gasto en las 19 provincias que no están transferidas había sido de 1,8 millones, de los que casi 200.000 euros se corresponderían con esa extrapolación numérica para los 44 órganos judiciales de la provincia.
Pero más allá de ese millón que se sigue gastando en folios y tóner en los más de 400 juzgados de las provincias con las competencias sin transferir (las de Castilla y León, La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, y Ceuta y Melilla), el gran problema de la digitalizacón está en la acumulación de programas informáticos que se simultanean y en las «disfunciones» que dicen que genera.
En concreto, los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios utilizan hasta ocho programas diferentes: Minerva, para la tramitación de los expedientes, pero con limitaciones de capacidad para poder adjuntar los archivos; Lexnet, para notificar autos, sentencias y diligencias a las partes y a la Fiscalía, y viceversa; Visor Horus, es el que se usa para la visualización de expedientes en juzgados, tribunales y la Fiscalía; el Portafirmas, para la inserción de la firma digitalizada de magistrados, secretarios (los llamados letrados de la Administración de Justicia), fiscales... en documentos oficiales; Fidelius, es el programa con el que se graban los juicios en las salas de vistas; Siraj, para el registro de las condenas y que recoge también los antecedentes; Fortuny, que se usa en la Fiscalía para la tramitación de los asuntos; e Inforeg, que es la aplicación del Registro Civil.
Muchos programas y muchos de ellos que «no están pensados para el día a día» de los jueces, que lamentan como lejos de facilitarles el trabajo, lo empeora: «Tardamos más ahora en estudiar un asunto de lo que se tardaba en papel», recuerda el juez decano, quien apunta que deben trabajar con «un simple escaneo de papeles, uno detrás de otro, no con un expediente digital inteligente, que permitiese buscar», algo en lo que se está trabajando ya desde el Ministerio, tal como se expuso en una reciente reunión de trabajo sobre digitalización en la que se avanzó que mejoraría el Visor, con el ansiado índice, y que también lo harían los sistemas de grabación, que han sido objeto de las críticas, con mejores medios, extendiendo el sistema a los despachos de los jueces de Instrucción y hasta con un programa de transcripción automática.
«Pero nos han dicho que, como pronto, sería en febrero de 2020 y que lo probable sería para junio del próximo año. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con estos medios y, por ejemplo, teniendo que repetir videoconferencias, que se graban tan mal que luego no se entiende al testigo», concluye Vega.