El boom existente en la provincia por la energía fotovoltáica está generando que algunos ayuntamientos prevean una nueva fuente de ingresos, tanto para sus vecinos como para las arcas municipales. La llegada de un gran parque solar a sus términos municipales genera una nueva fuente económica de gran volumen, lo que hace que los consistorios reciban con los brazos abiertos los proyectos presentados. En algunos casos, los ayuntamientos recibirán casi tanto dinero por los proyectos que están en tramitación como por los ingresos ordinarios anuales. Sin embargo, esta circunstancia choca con la opinión que tienen los agricultores, los propios vecinos de los pueblos e incluso en ocasiones los colectivos ecologistas. 

Las empresas que están proyectando estos megaparques fotovoltaicos en la provincia están alquilando las tierras para su instalación como norma general. El arrendamiento se está llevando a cabo por periodos que superan los treinta años y con unos precios que superan con creces el rendimiento de los cultivos de secano. La media en los beneficios de una hectárea de cebada en la provincia pueda rondar los 600 euros, mientras que las empresas están pagando hasta 1.100 euros anuales de alquiler por el terreno donde se instala un parque. Por este motivo, tanto los vecinos como los ayuntamientos no están poniendo ninguna pega a la hora de ceder las tierras.

El alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, explica que en el término municipal están proyectos cinco parques cuya tramitación comenzó en el año 2019 y que pueden ser una realidad en 2023. Entre todos, ocupan una superficie de 600 hectáreas de terreno, de las que la mitad pertenecen al denominado como ‘común’ del pueblo, que es de todos los vecinos y se gestiona por el Consistorio. La otra mitad es de ámbito privado. Alonso Laguna explica que las empresas han gestionado contratos de arrendamiento por espacio de 35 años. 

La cuantía económica que supondrá la consecución de estos parques sería espectacular. Las empresas pagarán 1.100 euros por cada una de las hectáreas que ocuparán las placas solares. Es decir, el Consistorio ingresará unos 330.000 euros cada año por el alquiler de las 300 hectáreas. La magnitud de este montante se puede observar si se tiene en cuenta que el presupuesto consolidado de Villalar asciende a unos 370.000 euros. «Vamos a duplicar el dinero con el que contamos cada año. Va a ser una operación, si se consuma, igual que lo ocurrido con los parques eólicos en Montes Torozos, una gran inyección de dinero para el pueblo». 

Lo mismo ocurrirá en Wamba, con la proyección de construir dos plantas con una potencia instalada de 330 megavatios y una inversión de 157 millones de euros. En este caso, el terreno no pertenece al Ayuntamiento, sino que se trata de parcelas en manos privadas. El alquiler de las terrenos también se ha proyectado por 35 años y el precio también se mantiene en 1.100 euros. El regidor, José Luis Álvarez, indica que el dinero irá a parar en muchos casos a los vecinos y que el Consistorio también se verá beneficiado vía impuestos. «Es bueno para los vecinos y para el Ayuntamiento».

Algunos pueblos tradicionalmente deprimidos, como Bocigas, Puras y Llano de Olmedo, en el sur de la provincia, donde el efecto de la despoblación está ocasionando que su censo baje notablemente de los cien habitantes, también han recibido la buena noticia y junto con Olmedo se están proyectando grandes parques. En total, la inversión prevista por las empresas Planta Solar OPDE 28 y Planta Solar OPDE 26, ambas con sede en la calle Cardenal Marcelo Spinola de Madrid, supera los 38 millones de euros. El regidor de Bocigas, Emilio Escudero, indicó que estos proyectos supondrán un nuevo ingreso para el pueblo y una nueva forma de acometer nuevas iniciativas. 

Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos. El alcalde de Megeces, Abel Manso, indica que está trabajando en una ordenanza municipal con el objetivo de imposibilitar la instalación de grandes parques fotovoltaicos. «Son proyectos que dañan la agricultura tradicional y que colaboran en la potenciación del efecto de la despoblación en los pueblos». El regidor considera también que son elementos que contaminan en su reciclaje y aclara que la demanda de tierras está haciendo que algunos agricultores se estén decantando por el alquiler en vez de continuar trabajando sus parcelas. 

No es el único regidor que se muestra en contra de la llegada de estos megaproyectos. El alcalde de Bercero, en Montes Torozos, una de las zonas con más demanda de terrenos, José Antonio González, indica que los contratos que ofrecen las empresas constructoras de los parques fotovoltaicos «son engañosos» porque «todos los puntos están a su favor». Por eso, no se mostró partidario de ‘sembrar’ de paneles solares los términos municipales de la zona, que ya cuentan con cientos de aerogeneradores para la energía eólica. 

protestas. Además de algunos alcaldes, vecinos, ecologistas y los agricultores se han mostrado reacios a estos parques. Sin ir más lejos, un centenar de vecinos de Renedo se han manifestado por las calles como acto de protesta contra el parque fotovoltaico que está proyectado en el pueblo. La iniciativa consiste en la instalación de una planta, que al noroeste del núcleo urbano de Renedo, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia de la zona urbana de Renedo, y a 450 metros de la urbanización El Cotanillo. Los vecinos no comparten la idea de hacer estas obras. 

Ecologistas en Acción también está muy pendiente de la tramitación de estos proyectos. Las empresas interesadas en la instalación buscan la cercanía a una red de descarga para trasladar la electricidad generada a la Red Eléctrica. Por eso, el colectivo ecologista estudia que ninguna de estas plantas ocupe terrenos protegidos. Sin ir más lejos, han presentado alegaciones para que se denieguen tres plantas fotovoltaicas en Villalar de los Comuneros. Entienden que con 150 megavatios totales, afectan de forma irreversible a relevantes poblaciones de varias especies de aves esteparias y no caben medidas correctoras del impacto. 

Por último, los agricultores tampoco ven con buenos ojos la instalación de estos megaparques. Consideran que deberían instalarse únicamente en zonas de baja producción agraria y que deberían tener prioridad los usos agrícolas. «Con esas superficies que estamos hablando lo que vamos a conseguir es que se creen reservorios para conejos y que luego existan más problemas para los agricultores», explica el coordinador del sindicato UCCL en Valladolid, Valentín García. «Están pagando unos precios muy superiores a nuestros rendimientos. No nos negamos a que se hagan, pero con un control y una sostenibilidad. Hay que tener mayores controles porque se está produciendo un gran boom», concluye.