Es el nombre con el que ha rebautizado algún cachondo a la clínica privada frecuentada por el emérito para sus revisiones de cadera y otros achaques y que ahora es la preferida por los miembros/as del gobierno, sí el defensor de lo público y bla, bla, bla…, cuando les sube un poco la fiebre. También en eso el gabinete de Sánchez ha quedado en evidencia. En ese hospital de ricachones seguro que no faltan respiradores, ni equipos de protección individual para el personal sanitario y los test rápidos no son de mercadillo, como los que compró el ministro de Sanidad para el resto de la población. Quién le iba a decir Salvador Illa, la cuota que el PSC impuso en el consejo de ministros, que al ocupar un ministerio sin apenas competencias se iba a tener que enfrentar a tamaño desafío. Y quién nos iba a decir al conjunto de los españoles que los principales responsables de gestionar la crisis iban a ser un político al que le timan con unos test y un científico, Fernando Simón, que se tomó a broma la amenaza de la pandemia.

Frente a esa acreditada incompetencia encontramos a otros personajes, como el ‘malvado’ Amancio Ortega, que fue de los primeros empresarios en ponerse en vanguardia de la solidaridad donando un millón y medio de mascarillas a la sanidad pública. Su ejemplo lo siguieron muchas grandes empresas que han puesto sus cadenas de producción y su logística al servicio de la causa. Fábricas en las que antes se ensamblaban componentes para automóviles y que ahora se dedican a elaborar batas y otros materiales de protección que reclaman los profesionales de la salud para no enfrentarse a cuerpo descubierto al coronavirus. Esos gestos altruistas son apreciados por los ciudadanos y despreciados por el ala podemita del gobierno de Pedro Sánchez y sus satélites mediáticos que pretenden imponernos a todos una especie de omertá para que demos por hecho que la crisis es tan solo fruto de una plaga bíblica.