Valladolid contará en dos años con una vertedero totalmente reformado y adaptado a las normativas medioambientales tras una inversión de más de 44,4 millones de euros. El Ayuntamiento de la capital resolverá en las próximas semanas la concesión de la Planta de Tratamiento de Residuos (CTR), que incluye estas obras de renovación, por un periodo de diez años, con un presupuesto global de 116,63 millones de euros.
Una de las premisas de la nueva concesión son estas obras para actualizar una planta que se considera «obsoleta», como detalla la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez. «Esto mejorará el tratamiento de los residuos sólidos, con mejores índices de recuperación, tanto de la materia orgánica, como de los envases y enseres», detalla. Un proyecto de renovación que hizo al equipo de Gobierno decantarse por una nueva concesión frente a la remunicipalización que les reclamaban algunos colectivos. «La planta ha llegado al final de su vida útil y sufre múltiples averías, que restan eficiencia a la recuperación de residuos. Además de tener una importante obsolescencia tecnológica», recalca. El contrato seguirá siendo privado, pero incluirá una cláusula de rescate por si en un futuro se crea una entidad provincial para gestionar los residuos. «Si la Administración Provincial asumiera el tratamiento se procederá a la novación subjetiva del contrato», se puntualiza en las condiciones de la concesión, que también fija la compensación para el contratista.
En la actualidad, el centro está gestionado por una unión temporal de empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Zarzuela. En la nueva concesión se valorará la creación de un centro de I+D dedicado al desarrollo provincial de la economía circular en materia de residuos, y de un observatorio de residuos que permita conocer la realidad, aportando datos de valor para la toma de decisiones que redunden en una mejora del reciclaje.
En sus instalaciones se lleva a cabo el tratamiento de todos los residuos domésticos de la provincia, ya sea los generados en los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios. Además, se procesan los originados por la limpieza de vías pública, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos; los muebles, etc… Cada uno recibe un tratamiento diferente dependiendo de uno de los siete grupos de proceso en los que se incluya, categorías que también sirven para fijar los precios púbicos que se cobran a los usuarios de la planta.
El centro trata anualmente 41.000 toneladas al año de materia orgánica, que se espera incrementar hasta 75.000 una vez que se implante en la provincia la recogida selectiva; 52.000 toneladas al año de la denominada ‘fracción inorgánica’ en la capital; 2.500 de restos de poda y 2.100 de enseres, procedentes de la recogida selectiva de envases ligeros de la provincia; y 73.000 toneladas anuales de la recogida única de la provincia.
ORDENANZA
Coincidiendo con la nueva concesión, el Ayuntamiento de Valladolid acaba de aprobar la ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario por la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos. Esta norma fija las tarifas que percibirá la empresa concesionaria, y entrará en vigor el próximo 1 de enero, salvo que se retrase por alguna alegación.
Los nuevos precios afectan a los ayuntamientos y las mancomunidades, pero también a particulares y empresas se encarguen de la recogida y traslado de residuos que sean susceptibles de ser tratados en la planta. La nueva regulación, «penaliza» la no separación de residuos orgánicos e inorgánicos, algo que supuso quejas de las mancomunidades porque la mayoría de los pueblos de la provincia no tienen contenedor para residuos orgánicos. «Hasta ahora las mancomunidades pagaban una media de 23 euros por tonelada, pero con la nueva tasa los dos año próximos años pagarán 32 y en los dos siguientes serán más de 70 euros», apunta el diputado provincial responsable del área, Fernando Esteban.
La actualización se ha calculado en función de las toneladas de residuos que llegan a la planta, y con diferenciación de fracciones, primando las que permitan el reciclado y recuperación, y así contribuir a la lucha contra el cambio climático. Pero se ha tratado de compensar con una implantación progresiva. La ordenanza apunta que las mancomunidades podrán solicitar una tarifa «escalonada» y «diferir» durante dos años los costes de la tarifa. Eso sí, se concreta que la bajada de precio de estos dos años será repercutida en los siguientes. Y también se fija que la empresa concesionaria «no podrá lucrase» de este proceso, aunque sí aplicar los recargos correspondientes. «La tarifa escalonada servirá de transición entre las utilizadas en el periodo transitorio y las finales, con lo que el periodo de adaptación final es de cuatro años: dos años de periodo transitorio más dos años de tarifa escalonada». El centro obtiene unos 10, 4 millones anuales con estas tarifas, lo que supone una media de 59,14 €euros por tonelada, aunque la penalización a la no separación de residuos eleva el coste por tonelada a los 79,34 euros. Ingresos que llegan hasta los 12,7 si se tienen en cuenta los beneficios generados por actividades complementarias. Una cantidad equivalante al coste de funcionamiento, también estimado en 12,7 millones.