El 70% de los sondeos de pozos se realiza de forma ilegal

R. Gris
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE) alerta sobre ello. Los promotores de los pozos para la captación de agua no suelen solicitar el permiso a la Junta de Castilla y León pese a ser obligatorio

El 70% de los sondeos de pozos se realiza de forma ilegal

Siete de cada diez pozos o sondeos realzados en la provincia se han realizado de forma ilegal. Se ha perforado sin los permisos pertinentes. Así lo ponen de manifiesto desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE), donde lamentan que «la descordinación» entre administraciones permita que las empresas de perforaciones realizan sondeos para la captación de agua en la provincia de forma completamente «ilegal». El delegado del Colegio de Minas, Fernando Garro, explica que a la hora de acometer un sondeo se deben solicitar los permisos del Servicio de Minas de la Junta de Castilla y León perteneciente a la Consejería de Industria y, posteriormente, pedir un permiso a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en el caso de captar agua del subsuelo. 
Pues bien, Garro manifiesta que en siete de cada diez ocasiones falla alguno de los dos permisos o incluso los dos. Destaca que Junta y Organismo de Cuenta no contrastan ambas licencias para llevar a cabo el sondeo, lo que posibilidad que los promotores de las obras (normalmente los agricultores que realizan captaciones de agua en sus tierras) el hecho de afrontar los trabajos. 
El delegado del Colegio de Minas destaca que existen tres supuestos. El primero se produce cuando el promotor que realiza el pozo no presenta un proyecto y pide la autorización pertinente al Servicio de Minas. El segundo cuando se obtiene agua del pozo sin  que la CHD tenga conocimiento y el tercero cuando ninguna de las dos administraciones tienen conocimiento. «En siete de cada diez caso ocurre alguno de estos tres supuestos». 

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El permiso del Servicio de Minas puede tardar entre 15 días y tres meses una vez que se solicita el permiso. «En Valladolid hay dos personas en el servicio y dependiendo del momento del año en que se solicite puede tardar un poco más o menos». Se debe presentar un proyecto explicativo de la perforación con los materiales a utilizar, la profundidad y todas las características  de la obra. «Tiene un coste de unos 600 euros y también hay que pagar las tasas y esperar el tiempo necesario hasta que llega la autorización y muchas personas eligen no presentarlo», matiza Garro. 
La ausencia de esta autorización puede llevar consigo importantes problemas, ya que en el caso de que se produzca algún percance o accidente durante los trabajos la denuncia siempre recaerá sobre el dueño del terreno. En el caso de los proyectos para pozos de más de 120 metros de profundidad o que vayan destinados al suministro de agua para personas también tienen que llevar pareja una declaración de impacto ambiental. 
Por otra parte, también existe la posibilidad de que se realice el pozo para la extracción de agua para riego y se lleve a cabo sin el conocimiento de la CHD. Garro habla en este caso de Parque Nacional de Doñana. «Se puede estar secando por la cantidad de pozos que no cuentan con la autorización». Matiza que en el caso de Valladolid suele ser «menos común». 
Una vez finalizados los trabajos hay que notificarlo al Servicio de Minas, una práctica que tampoco es frecuente. Este paso es fundamental para evitar desgraciados sucesos como el ocurrido con el niño Julen en el municipio de Totalán en Sevilla. Con la finalización de obra se tiene conocimiento de su situación. 
El delegado del Colegio de Minas matiza que se ha tratado de un hecho desgraciado y, a su vez, muy extraño, ya que las empresas encargadas de la perforación de los sondeos pueden desestimar un pozo, pero «se sellan antes de abandonar los trabajos. Lo que ha pasado con Julen ha sido algo raro». 
La existencia de pozos ilegales en la provincia se observa de forma fácil al tener en cuenta los datos que maneja la CHD. La Confederación Hidrográfica incoó un total de 505 expedientes por la presencia de pozos ilegales en los últimos cinco años, de los que el 40 por ciento se localizaron en la provincia de Valladolid, con 200. El organismo de Cuenca está detectando un aluvión de peticiones de consultas al organismo de cuenca por parte de ayuntamientos y participares que han detectado pozos y sondeos en el campo y no saben como actuar.

Un pozo de 180 metros cuesta 22.000 euros y cuatro días de trabajo

La mayor parte de los cultivos de regadío de la provincia se realiza mediante pozos y sondeos. En muchos casos, las explotaciones pasan de generación en generación manteniendo las explotaciones de los pozos existentes desde donde se riegan los cultivos. Pero no siempre es así. Daniel Valero trabaja en el término municipal de Ataquines y tiene una explotación agrícola con una superficie de 22 hectáreas que dedica en buena parte a cultivos de regadío. Ha tenido la desgracia que el sondeo de donde obtenía el agua para sus tierras. «Tuve un desprendimiento y no puedo obtener más agua». 
No ha tenido más remedio que contratar a una empresa de perforaciones para realizar un nuevo sondeo. Ha solicitado los permisos pertinentes para hacer una perforación en sus tierras cerca de donde estaba situado el anterior sondeo para asegurarse el agua de cara a las próximo campaña. Las labores, incluso antes de ver la broca profundizar en la tierra no son sencillas. «He tenido que hacer un proyecto antes de empezar y tener los permisos de Minas y de la Confederación Hidrográfica del Duero. Menos mal que yo tenía uno antes, sino no creo que en esta zona nos lo hubieran permitido». 
Hay que tener en cuenta que el Organismo de Cuenca vela por los acuíferos existentes en el subsuelo y por eso no permite nuevas perforaciones para captación de agua en determinadas zonas de la provincia. En este casí concreto sí lo ha hecho ya que el permiso para la obtención de agua es el mismo que tenía antes la explotación y lo único que cambia es la ubicación del sondeo. 
La intención de este agricultor de la zona sur de la provincia es que contar con la posibilidad de tener 100.000 litros de agua de esta sondeo para regar sus tierras. Para ello, será necesario llegar a los 180 metros de profundidad. El coste, tanto de los trabajos, como de la tramitación pertinente, ascenderá hasta los 22.000 euros, pero no queda más remedio que realizarlo para poder regar. 
Uno de los responsables que ha estado toda la semana realizando la perforación es Eusebio Balado. Trabaja como empleado para la empresa Perforaciones Bermudez, que realiza excavaciones en la provincia de Valladolid, en Ávila y en Salamanca. Reconoce que lo primer labor cuando van a excavar un pozo es saber dónde hacer. «Nosotros lo sabemos por la tierra y por las gravas. En espacio con grava es donde suele estar el agua». Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del centro de España reconocen que «al final siempre se encuentra agua» y que solo depende  de la profundidad a la que se excave. 
En esta ocasión se llegará hasta los 180 metros. «Pero podemos hacerlo hasta los 230». El trabajo comenzó el pasado lunes y se ha prolongado por espacio de cuatro días. La dureza del terreno es la que marca la duración de los trabajos, aunque es raro que se prolonguen más allá de una semana. El método que se utiliza se basa en introducir una broca de perforación a rotación por circulación inversa basado en una balsa de lodos y una mezcla de agua y aire. 
Balado reconoce que su trabajo ha saltado a la opinión pública desde la muerte de Julen en Tatalán, pero reconoce que se ha tratado de unos hechos «muy extraños» porque siempre cuando se termina la perforación se colocan las tuberías y la bomba de agua para la extracción. «En el caso de que no la coloquemos en l mismo momento colocamos una place de metal y la soldamos al suelo y no es fácil moverla ni con herramientas». 
No obstante, desde la Cámara Agraria Provincial aclaran que agentes del Seprona han comenzado una campaña de control de pozos. «Nos están requiriendo para comprobar el estado de los pozos», manifiesta su presidente, Ignacio Arias. «Los pozos están tapados, aunque todavía quedan muchos que están abiertos. Han estado ahí toda la vida». 
Para evitar cualquier tipo de desgracia, algunos ayuntamientos de la provincia han iniciado también una campaña para intentar que los propietarios de los pozos los sellen o los señalicen de forma conveniente para evitar caídas.