«Son casi nuestra única esperanza». A finales de 2019 el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, dijo esa frase para referirse a la población inmigrante y a su potencial contribución en la lucha contra la denominada España vaciada. Una muestra de que Castilla y León, como otras comunidades, no ha sido capaz de solucionar un problema que amenaza la propia existencia de muchos pueblos en los que apenas quedan vecinos.
Pues bien, la tendencia demográfica de los últimos años demuestra que la evolución de los extranjeros es diferente a la de la población general. Valladolid contaba a 1 de julio de 2020 con 519.819 habitantes. Son 1.322 personas menos que hace tres años. En cambio, en ese periodo de tiempo la población inmigrante ha aumentado un 16,4 por ciento, al pasar de 23.863 foráneos a 27.784. Se trata de un fenómeno que se repite tanto en la capital como en los pueblos. En el primer caso, entre 2017 y 2021 la cifra de habitantes ha caído un 1,2 por ciento, pese a que la de extranjeros ha aumentado más de un 20 por ciento, según los datos del Ayuntamiento de Valladolid. Por su parte, en los municipios de la provincia, entre 2017 y 2020, último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población general ha bajado de forma casi imperceptible (un 0,01 por ciento), pero los inmigrantes han aumentado un 10,3 por ciento, hasta llegar a los 11.775.
La fluctuación de extranjeros es muy cambiante y sensible a los ciclos económicos de cada país. Por ejemplo, cuando la crisis iniciada en 2007 alcanzó su máxima crudeza, muchas de estas personas se vieron obligadas a volver a sus países de origen o probar en otro para encontrar las posibilidades laborales que no ofrecía España. Esa caída se agudizó en Valladolid a partir de 2011 y redujo el número de foráneos de poco más de 20.000 a menos de 13.000 en seis años.
Ahora la crisis del coronavirus dibuja un incierto futuro económico a medio plazo, pero lo cierto es que la llegada de inmigrantes empieza a mostrarse como un clavo ardiendo al que se agarran muchos pueblos. Una oportunidad. Quizá la última.
La profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid (UVa) Rosario Sampedro presentó el pasado mes de diciembre el estudio La inmigración dinamiza la España rural, del que es coautora junto a Luis Camarero, catedrático de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Un trabajo para el Observatorio Social de ‘la Caixa’ que concluye que casi el diez por ciento de los vecinos de los pueblos de menos de 10.000 habitantes ha nacido en el extranjero, un porcentaje que se eleva hasta cerca del 16 por ciento en la franja de edad de entre 20 y 39 años. Un claro ejemplo de la contribución de estas personas a rejuvenecer el entorno rural. El estudio constata que «desde 2017 las llegadas al medio rural (de foráneos) vuelven a superar a las salidas», aunque esto no ha impedido que los pueblos sigan perdiendo población al tener un saldo vegetativo negativo. Mueren muchos más de los que nacen.
fenómeno nacional. El trabajo de Sampedro también analiza la evolución del porcentaje de extranjeros en todas las provincias de España entre 2001 y 2019, si bien se centra en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Si en el punto de partida la inmensa mayoría de ellas tenía menos de un cinco por ciento, en 2019 solo había siete que estaba por debajo de ese porcentaje, entre las que no está Valladolid.
En la provincia hay muchas localidades en las que la población foránea se ha disparado en los últimos años. Por ejemplo, según los datos del INE, entre 2015 y 2020 Cabezón de Pisuerga pasó de 114 a 144; Cigales, de 233 a 287; Fuensaldaña, de 48 a 88; Pollos, de 11 a 51 y Villaverde de Medina, de 11 a 31.
Además, otro dato del estudio que resulta prometedor respecto a la posibilidad de que estas familias echen raíces en estos pueblos es que uno de cada cinco menores de 13 años son de estas familias. O han nacido ya en el pueblo o llegaron cuando eran pequeños. Una proporción que es de uno de cada cuatro en los municipios de menos de mil habitantes. «La realidad rural en España está en proceso de transformación a causa de la procedencia y características de los nuevos residentes», dice el informe.
Eso sí, la coautora del mismo reconoce que «lo único que puede frenar la despoblación es tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente que está en el medio rural, donde quieren que se les trate como ciudadanos de primera». Es decir, más servicios, más empleo y acceso a una vivienda. En este contexto, Sampedro reconoce que la inmigración está siendo «un factor de revitalización», y apuesta por su integración en la lucha común de mejorar la vida en los pueblos.
Los empleos. La profesora de la UVa ha podido comprobar que muchos de estos migrantes llegan a los pueblos para realizar trabajos que la población autóctona no está dispuesta a hacer, ya sea porque son muy duros o porque están mal pagados. O simplemente porque no hay población activa para hacerlos. No obstante, a pesar de estos empleos, Sampedro cree que todavía no se dan las condiciones en la mayoría de los pueblos para que estos nuevos vecinos echen raíces allí. «Tenemos un problema muy importante de falta de viviendas y se necesitan puestos de trabajo en condiciones, además de apoyos para que la gente que no habla nuestro idioma pueda aprenderlo», dice.
La docente también destaca que hay muchos pueblos pequeños que están implicados en la labor de atraer población extranjera y facilitar su integración, sobre todo los que más sufren el drama de la despoblación. «Nos hemos encontrado con alcaldes verdaderamente angustiados al ver que el pueblo se muere y que se cierran las escuelas», señala. Pero Sampedro lamenta que no haya una política global sobre este tema y que dependa de la voluntad de cada regidor.
'Jóvenes Castilla y León' propone 48 medidas
El colectivo ‘Jóvenes de Castilla y León’ considera que una de las claves para luchar contra la despoblación del medio rural pasa por el fortalecimiento de la industria agroalimentaria, hasta lograr que la mayoría de las materias primas producidas por los agricultores y ganaderos castellanos y leoneses sean transformadas en la Comunidad. Este colectivo, formado por un centenar de miembros, nació en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación y a la falta de oportunidades. Durante esta semana presentó el plan de propuestas que ha remitido a la Junta de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica y en el marco de la consulta pública iniciada por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. El documento reúne 48 propuestas que buscan el impulso de la economía, la potenciación de sectores estratégicos, como el agrario, la fijación de población joven, el blindaje de servicios básicos y mejoras en las administraciones y en la gestión del territorio, informa Ical.