El futuro PIMUSSVA (Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura) de Valladolid estará listo antes del verano. La Concejalía de Movilidad tiene intención de presentarlo públicamente y someterlo a aprobación inicial del Pleno en el primer semestre de este año. El plan que está vigente actualmente se aprobó en 2004, aunque su actualización es un proyecto que se arrastra del mandato de León de la Riva y que se ha estancado casi cinco años por distintos problemas técnicos. Eso sí, en este tiempo se han desarrollado ordenanzas sectoriales para actualizarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias.

El nuevo Plan de Movilidad será una herramienta de planificación estratégica para el Ayuntamiento, a la vez que un instrumento de concienciación y sensibilización para los ciudadanos, administraciones públicas y el resto de agentes implicados en la movilidad. Precisamente Ecologistas en Acción (EA) reclamó esta semana su aprobación después de dar a conocer que se han vuelto a superar los límites de contaminación en 2019. Desde la organización considera que es una medida fundamental para mejorar la calidad del aire en la ciudad porque en su líneas maestras se incluyen propuestas para mejorar la calidad del transporte público y la promoción de los modos no motorizados (a pie y bicicleta). 

Los ecologistas defienden reducir el «intenso» tráfico urbano e interurbano que soporta la capital, y piden promover el uso del transporte público y la bicicleta como medios de transporte alternativos al coche. En su opinión es «urgente» la delimitación del centro de Valladolid como Zona de Bajas Emisiones, limitando la circulación motorizada a residentes, transporte público, carga y descarga y urgencias. Una medida que la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, confirma que estará definida antes de finalizar el año

otros planes. Según los datos que maneja EA de las diez estaciones de las redes de control de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento, de la central térmica de Michelín y de la factoría de Renault se observa que en el último trienio los niveles de ozono en la ciudad han incumplido de nuevo el valor objetivo establecido por la legislación para proteger la salud humana. Además, recuerdan que octubre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó al Gobierno regional elaborar planes de mejora de la calidad del aire para reducir los niveles excesivos de ozono, que también afectan de manera estructural a la aglomeración de Valladolid, que incluye la capital, Arroyo, La Cistérniga, Fuensaldaña. Laguna Renedo, Santovenia y Zaratán.

Sin embargo, lamentan que hasta la fecha ni la Junta ni el Ayuntamiento han puesto en marcha el preceptivo Plan de Mejora de la Calidad del Aire, para reducir la contaminación por ozono y evitar que esta lamentable situación se siga repitiendo año tras año. En la parte positiva del análisis, respecto al resto de contaminantes, se detalla que durante el año pasado ha mejorado en general la calidad del aire de la ciudad por partículas o dióxido de nitrógeno, por las mayores lluvias e inestabilidad invernales. Y sobre el ozono, el verano de 2019 relatan que ha sido similar a los de la última década, por el aumento de las temperaturas estivales, por lo que la ciudad ha rebasado en 80 días, casi la mitad del periodo de riesgo (abril a septiembre), el nivel de ozono recomendado por la OMS.

Subvenciones para el cambio de calderas nueva ordenanza

La concejalía de Medio Ambiente abre una línea de subvenciones para incentivar el cambio de calderas de carbón y gasoil por otras más eficientes, con el fin de lograr reducir las emisiones de CO2, en consonancia con los objetivos del Pacto de Alcaldes. Desde este área se apunta que en los últimos años se ha realizado un «importante esfuerzo» en la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, pero resaltan que es conveniente apostar por «minorar» las emisiones de las viviendas privadas. En Valladolid hay actualmente 270 comunidades con gasóleo, 600 con gas natural y ninguna con carbón, mientras que las viviendas individuales que se calientan con carbón «son mínimas».  «A través de estas subvenciones podremos ir acabando con ellas», explica María Sánchez, concejala de Medio Ambiente.