Lucha entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda por el uso del superávit de 2019 y el remanente de tesorería en la lucha contra los efectos económicos de la pandemia. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, fue de los primeros en levantar la voz en contra del Gobierno al no entender que las corporaciones locales fueran las únicas que han hecho los deberes y tienen en sus cuentas bancarias el dinero suficiente para afrontar  proyectos que ayuden a las personas más afectadas por la pandemia y no puedan hacerlo. Lo ha dicho en varias ocasiones y ha cargado contra sus propios compañeros de partido al no entender cómo no se daba rienda suelta a los consistorios para que pudieran invertir el dinero que les sobró en el ejercicio 2019 y el que tienen en tesorería. El regidor vallisoletano ha encabezado esta ‘pelea’ contra Hacienda, pero no es el único. 

Los alcaldes y concejales de Hacienda de los municipios de mayor población de la provincia también secundan esta petición y defienden que han sido ellos y no otras administraciones las que se han encargado de hacer hucha en tiempos de vacas flacas y no entienden cómo ahora no pueden ayudar a las familias de sus pueblos que lo están pasando peor como consecuencia del coronavirus.

En la mayoría de las ocasiones ya tienen incluso pensando qué acciones desarrollarían en el caso que finalmente Hacienda permita gastar el dinero de los remanentes en un futuro y alguno está elaborando un plan para llevar a cabo acciones. El Gobierno ya ha dado el visto a que los ayuntamientos puedan gastar el 20 por ciento del superávit del ejercicio 2019, algo que los consistorios consideran claramente insuficiente porque ese dinero ya se ha destinado a sufragar los costes que ha ocasionado la pandemia, como la compra de geles y mascarillas o la dotación de medidas anticontagio para los empleados públicos. Aunque ahora, ha abierto una vía de negociación con al Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conseguir que ese dinero se convierta en un préstamo voluntario de las entidades locales hacia la Adminsitración Central, y con el que Hacienda realizaría sendos ingresos en 2020 y 2021 que, como mínimo, representarán el 35% de los fondos aportados y que llegaría a los 5.000 millones.

CASO A CASO

Mientras se negocia esa positibilidad, los equipos de Gobierno siguen sobre la idea de hacer uso del remanente en sus municipios. El Ayuntamiento de Medina del Campo dispone de un millón de euros que considera imprescindible para su economía y su concejal de Hacienda, Luis Carlos Salcedo, va un poco más lejos y manifiesta su preocupación porque el Gobierno tome la decisión «de apropiarse» de estos fondos. «Hemos hecho los deberes y hemos cumplido con todas las reglas y ahora más que nunca necesitamos ese superávit para afrontar  todos los retos derivados de la crisis de la covid». En el caso de Medina, el equipo de Gobierno pretende llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. «Ahora son más necesarias que nunca. No es el mejor camino el que ha adoptado el Gobierno y espero que rectifique. Entendemos que este millón tiene que repercutir en el ciudadano de Medina del Campo». 

En el caso de Arroyo de la Encomienda tiene un Plan Económico Financiero que le permite gastar cinco millones de euros de los 16.225.109 que tiene de remanente de tesorería. Destinará 1,5 millones a ayudas? a empresas privadas para ayudarlas a salir de la crisis y otros 624.922 en la construcción de los campos de rugby de Sotoverde. Además, el Ayuntamiento también ha invertido 200.000 euros perteneciente al 20 por ciento del superávit a más ayudas al sector privado, la compra de maquinaria contra la covid-19 y material. 

 Laguna de Duero es el único municipio de los grandes en la provincia que no tuvo superávit durante el año pasado. Eso sí, mantiene 3,5 millones de remanente de tesorería y este mismo mes aprobará en el Pleno una moción para instar al Ministerio de Hacienda a que permita a las corporaciones locales el gasto de este dinero. Su alcalde, Román Rodríguez, indicó que sería fundamental que les permitieran gastar al menos un millón. «Tenemos que hacer una obra para cambiar los filtros de carbón activo en la potabilizadora y arrancar las obras del centro juvenil. También queríamos hacer un bar en la piscina».  

1.556.406 euros es el superávit en Tordesillas y su alcalde, Miguel Ángel Oliveira, tiene claro que serían muy necesarios para reactivar una maltrecha economía en el municipio. Su alcalde, Miguel Ángel Oliveira, no se muestra partidario de las ayudas sociales, pero sí de medidas para mejorar la economía del municipio. Por eso, quiere ese dinero para realizar obras que den trabajo a las empresas de la localidad. «Cambio de mobiliario, campañas de asfaltado... Eso es lo que haremos si contamos con ese dinero». 

El regidor de Íscar, Luis María Martín, tiene claro que utilizaría los 390.000 para realizar obras que adecentaran el municipio y que fueran llevadas a cabo por empresas locales para «generar empleo dentro del municipio». «Sería importante crear eventos culturales que pudieran atraer a gente que deje dinero en la hostelería y el comercio, que lo necesitan». 

Obras de mayor tamaño. Algunos municipios, como es el caso de Aldeamayor, incluso piensan en afrontar obras de mayor envergadura con este dinero. El equipo de Gobierno pretende llevar a cabo la ampliación de las piscinas municipales. «Exactamente no tenemos el presupuesto definitivo, creemos que superara el millón de euros, pero para poder adjudicar la obra y tenerla terminada para el año que viene que esperamos poder abrir la piscina, el Gobierno tiene que darnos luz verde pronto para poder aprobar la inversión y que dé tiempo a que la obra este adjudicada antes de terminar el año», comenta la alcaldesa en funciones, Virginia Almanza.

Algunos ayuntamientos quieren abrir más el abanico de gasto y que el dinero del superávit se pueda destinar a gastos de personal o incluso el corriente para mejorar la situación que tienen muchas corporaciones locales debido a la crisis de la covid-19 y también, por supuesto, a ayudas a autónomos y pymes para que puedan abandonar la complicada situación por la pérdida de ingresos.