Un juez peruano denegó el reingreso en prisión de la candidata presidencial Keiko Fujimori mientras dure el proceso contra ella por varios delitos de corrupción que solicitaba la Fiscalía, si bien le impuso severas restricciones que le impedirán reunirse con sus más estrechos colaboradores.

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, declaró infundada la petición de la Fiscalía pese a reconocer que Fujimori incumplió las normas de conducta impuestas sobre su persona cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.

Sin embargo, el juez indicó que no aceptaba la solicitud para que regresara a prisión pues no se había hecho oficial ningún "apercibimiento" judicial al respecto a la candidata presidencial, tal y como exige la norma.

En ese sentido, Zúñiga decretó también que Fujimori deberá seguir "un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas" que se le impusieron cuando salió de prisión, y advirtió que "de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva" contra ella.

El magistrado también subrayó que, pese a lo dicho por la abogada defensora de Fujimori, Giuliana Loza, las prohibiciones incluyen ponerse en contacto con cualquier testigo vinculado a los casos por los que es investigada, entre los que se encuentran Miguel Torres y Lourdes Flores.

Torres y Flores figuran entre los más estrechos colaboradores de la candidata en su pugna por la anulación de más de 200.000 votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.

Fujimori, que perdió la votación ante Pedro Castillo por algo más de 40.000 votos, denunció la existencia de "fraude en mesa" e "irregularidades generalizadas" por parte de su rival, sin haber aportado sin embargo ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones.

Torres y Flores han sido piezas clave en su campaña para buscar que la opinión pública y el Jurado Nacional Electoral (JNE) asuman las tesis de ese supuesto "fraude".

Más de 30 años de cárcel

En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, la Fiscalía peruana pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Por este caso Fujimori ya ingresó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir unos meses tras una apelación y luego volvió a la cárcel otros cinco meses en 2020.

En abril de 2020 fue dejada en libertad bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer covid-19 que implicaba su estancia en prisión.

Sólo una victoria en las elecciones presidenciales del pasado día 6 evitaría que Fujimori vaya a juicio por esos delitos.

Las autoridades electorales peruanas aún deben revisar las peticiones de nulidad impulsadas por Fujimori para que puedan declarar un ganador.

Hasta la fecha, la mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por el fujimorismo en esa maniobra legal para revertir los resultados electorales han sido rechazadas por los jurados electorales por defectos formales, pero también porque no existe prueba alguna que sustente tal petición.