Los siete encausados por la Operación Bulldog desplegada en 2014 por la Guardia Civil contra el tráfico de armas, a partir de un taller clandestino en Laguna de Duero (Valladolid) que se servía de Internet para su comercialización por distintas provincias de España, se han conformado este martes con un conjunto de penas que suman 12 años de cárcel, frente a los 23 que inicialmente pedía para ellos el fiscal.

Aunque cinco de ellos ya habían llegado en las últimas semanas a un acuerdo con la acusación pública, faltaba por saber si los otros dos entrarían finalmente en el acuerdo, haciendo innecesaria la celebración del juicio, como así ha ocurrido finalmente, reduciendo a menos de la mitad la suma de las penas aceptadas conjuntamente por los siete procesados por delitos de tenencia ilícita de armas y en algún caso también por depósitos de armas de guerra y municiones.

Así, el magistrado que presidía la Audiencia de Valladolid, Fernando Pizarro, anticipaba 'in voce' una sentencia que ya es firme, que aplica a los siete la atenuante de dilaciones indebidas y que impone la mayor de las penas al policía municipal de Málaga Fernando P.B, consistente en dos años y ocho meses de cárcel--le pedían siete--y la prohibición de tenencia y porte de armas por espacio de cinco años y ocho meses, en este caso con la atenuante también de trastorno depresivo.

Material intervenido por la Guardia Civil en la Operación Bulldog contra el tráfico de armas. - Foto: eldiadevalladolid.com

A su vez, Alberto B.R. y Óscar E.H, quienes se exponían a tres años y diez meses de prisión, han aceptado condenas de dos años de privación de libertad y cinco de prohibición de tenencia y porte de armas, mientras que Francisco Javier G.B, Pablo G.B. y José Ramón D.V. se han conformado con penas de un año y siete meses de cárcel cada uno--les pedían dos años y diez meses---y con la imposibilidad de manejar armas por espacio de cuatro años y siete meses los dos primeros y de tres años el último.

Finalmente, Néstor E.H, al que el fiscal pedía un año y diez meses, ha pagado una pena de nueves meses de cárcel y la prohibición de tenencia y porte de armas por espacio de tres años y nueve meses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando la Guardia Civil efectuó una operación en Laguna de Duero y distintas provincias de España que concluyó con los siete detenidos y la incautación de un centenar de armas (incluidas algunas de guerra), 5.500 cartuchos, maquinaria, 2,3 kilos de pólvora para la fabricación de munición y cartuchería, así como 47.000 euros en metálico.

El punto de partida fue el desmantelamiento de un taller clandestino de armas. Dichas instalaciones se encontraban en un trastero de un edificio en Laguna de Duero desde donde se distribuían a través de Internet, por lo que junto con el responsable del taller y su hijo, Francisco Javier G.B. y Pablo G.B, fueron detenidas otras cinco personas, ninguna de ellas con antecedentes, que mantenían una relación comercial con ellos desde distintas provincias.

La operación se inició en Valladolid a principios de 2014, fruto del intercambio de datos entre los Servicios de Información de la Guardia Civil que apuntaban a la posible existencia de una persona que vendía por Internet armas de fuego fabricadas de forma artesanal desde la provincia.

Concretamente, se investigó un anuncio en el que se publicitaba un lote de venta de un revólver Bulldog --lo que dio nombre al operativo--, con fotografías del mismo y con expresiones como "ha sido recalibrado al calibre 22" e incluso que "alguien lo adaptó para disparar" y "el que lo reformó tenía que ser un artista".

La investigación se centró en el 'nick' utilizado en Internet por la persona que realizaba la publicidad de este lote, así como otros de lotes ya vendidos por la misma persona.

Así se comprobó que había vendido en un mes seis armas que se correspondían con dos revólveres Bulldog, un pequeñísimo revólver, una pistola FN 1.900 Mataduques, un bolígrafo pistola y una pistola Derringuer. Las armas se habían vendido a compradores de distintas provincias españolas.

Además, a través de foros en Internet se ofertaba también munición de diverso calibre y se informaba de las próximas armas que iba fabricando o modificando y que pondría a la venta.

Las investigaciones comprobaron que el principal suministrador y nexo de toda la trama, Francisco Javier G.B, no tenía permiso de armas y carecía de antecedentes penales, si bien en enero de 2013 había denunciado la sustracción en su domicilio de ocho armas inutilizadas.

Se trata de un varón que obtenía un complemento a sus ingresos con esta actividad, en la que contaba con el apoyo de su hijo, el cual se encargaba de la comercialización online de las armas.

BOLÍGRAFOS Y MECHEROS PISTOLA

Los agentes realizaron registros simultáneos en las provincias de los implicados. En total, se intervinieron cerca de un centenar de armas cortas, entre revólveres y pistolas, 18 armas largas (entre ellas una escopeta de cañones recortados), cuatro armas de guerra (dos subfusiles UZI, pistola ametralladora y fusil Cetme), cuatro armas de fuego prohibidas (tres bolígrafos pistola y un mechero pistola), siete armas de avancarga y un silenciador arma corta.

También se ocuparon 2,3 kilos de pólvora destinada a la recarga de munición metálica, maquinaria y herramientas para la rehabilitación y transformación de armas de fuego y para la recarga de cartuchería; multitud de piezas fundamentales (correderas, cañones, cajones de mecanismos, culatas y armazones) y repuestos para armas de fuego; más de 5.500 cartuchos metálicos de diferentes calibres y más de 47.200 euros en metálico.

El resultado de la operación fue presentada el día 2 de abril de 2014 en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, con la comparecencia del entonces delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y del entonces comandante Javier Peña.

El mando del Instituto Armado explicó aquel día que el titular de dicho taller era un "auténtico artesano" de la fabricación de armas, mientras que los clientes solían ser coleccionistas, aficionados a las armas o cazadores, sin que se haya acreditado el empleo de estos objetos en la comisión de otros delitos.

La Benemérita decidió "explotar" la operación en el momento que constató la transacción de un bolígrafo pistola a un cliente de Vizcaya. La hipótesis con la que trabajaba el cuerpo es que se trataba de un vendedor de armas inutilizadas para coleccionistas --algo perfectamente legal-- que "evolucionó" hacia la puesta en servicio de las mismas o fabricación de otras nuevas para obtener un mayor rédito económico.

Esta operación fue llevada a cabo por las unidades del Servicio de Información de las Comandancias de Valladolid, Málaga, Granada, Vizcaya, Ourense, Valencia y Albacete, coordinados a su vez por la Jefatura de Información.