Fernández Mañueco reclama recalcular el fondo extraordinario

SPC
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El presidente de la Junta exige que se sigan las pautas del modelo de financiación autonómica ordinario, lo que supondría 110 millones de euros más para la Comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la Conferencia de Presidentes. - Foto: Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó ayer al Gobierno que recalcule el fondo extraordinario para la lucha contra la covid-19, dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, y denunció que el nuevo criterio de reparto, el cuarto en las últimas semanas, «da la espalda» a los territorios que afrontan el reto demográfico. Además, durante la celebración de la decimocuarta y última reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de representantes autonómicos, exigió al Gobierno central que duplique los fondos en materia de educación, para impedir que las facturas queden «descubiertas» a la mitad del próximo curso.
Durante el encuentro, Fernández Mañueco incidió en que es necesario que en este fondo extraordinario se repongan los 2.000 millones de euros recortados a sanidad y servicios sociales. De hecho, exigió que se sigan las mismas pautas que en el modelo de financiación autonómica ordinario, con cuyos criterios Castilla y León recibiría más de 110 millones de euros a mayores que con los actuales criterios. El jefe del Ejecutivo aseguró el domingo pasado que Castilla y León espera contar con 650 millones, como informa Ical.
Por ello, Fernández Mañueco urgió una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir estos puntos, con especial incidencia en que el fondo llegue a las comunidades que «más han sufrido la pandemia», como Castilla y León. Así, insistió en que lo «justo» es que atienda los costes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales.
También recordó la conveniencia de recurrir al Plan MEDE de la Unión Europea para financiar el gasto sanitario y «afrontar los próximos años» y pidió que se aclare el reparto de los fondos europeos y el escenario de déficit y deuda. Así, comentó que Bruselas «ha flexibilizado» este escenario y apostó por que el Gobierno lleve a cabo «un reparto equitativo entre todas las administraciones públicas», puesto que las comunidades autónomas «necesitan más margen para ayudar a las personas, a las familias y empresas y gestionar mejor las que son sus competencias básicas: educación, sanidad y servicios sociales». «Ahora, el Gobierno de España no nos deja. A pesar de que se le han ampliado sus expectativas de déficit y deuda desde Europa no se hace ese reparto equitativo a las comunidades autónomas. A nosotros no nos deja, pero hay otras regiones que parece que sí van a poder tener esa posibilidad», denunció.
Educación

Respecto a la partida destinada a educación, Fernández Mañueco exigió al Gobierno central que duplique los fondos en esta materia. El presidente de la Junta abogó por el «consenso» que ya ofreció la Junta en la última Conferencia Sectorial de Educación del pasado jueves, porque, a su juicio, se trata de «la mejor postura» para afrontar el inicio del curso escolar y académico en septiembre. 
Si bien, Fernández Mañueco insistió en que el incremento de costes y de las medidas de seguridad necesarias que se van a prolongar durante los dos próximos ejercicios presupuestarios, exigen que se dupliquen los fondos, pues el presupuesto actual sólo cubriría la mitad del curso.
Fernández Mañueco aludió al acuerdo alcanzado el jueves entre el Ministerio de Educación y todas las comunidades, excepto Madrid y País Vasco, y que adopta la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, siempre con el máximo de garantías necesarias frente al coronavirus. 
Entre otras medidas, Gobierno y comunidades pactaron que el curso comience en las fechas habituales de septiembre, cumpliendo el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias concretas de los centros. La actividad lectiva presencial será el principio general, y las administraciones harán lo posible para asegurarla; los centros educativos adaptarán sus programaciones didácticas para recuperar aprendizajes.