La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Virginia Barcones, denunció ayer en Salamanca la «falta de consenso» en torno al plan sectorial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento aprobado recientemente por la Junta. De hecho, Barcones mostró su «preocupación», expresamente, porque un «servicio esencial» pueda ser prestado por «personal voluntario y no por funcionarios públicos» en la provincia salmantina, tras reunirse con representantes municipales y sindicatos en la sede socialista de la capital del Tormes.

«Estamos muy inquietos porque es verdad que la situación en Castilla y León es complicada, pero en Salamanca lo es especialmente. Es el problema de que lleve gobernando 35 años el irresponsable Partido Popular, sin ofrecer una adecuada ordenación del territorio, ni garantizar la igualdad de oportunidades entre lo urbano y lo rural», manifestó la vicesecretaria general del PSOE regional. Barcones recordó que «no puede haber diferencias» cuando se trata se servicios públicos esenciales, como el que ocupó su comparecencia. «La Junta sigue contra todo y contra todos. Es incapaz de tejer ningún acuerdo ni alianza con los territorios», consideró. 

Además, la viceportavoz socialista en las Cortes aseguró que este plan «debería de llevar 14 años en vigor», ya que fue en 2007 cuando la normativa autonómica requirió su puesta en marcha. «Como siempre, el PP haciendo dejación de funciones no lo ha puesto encima de la mesa». En este sentido, explicó, en declaraciones recogidas por Ical, que en 2018 se constituyó la mesa sectorial con todos los agentes implicados para llegar a un acuerdo sobre el plan y se pusieron a trabajar en su elaboración. «Después de dos años de trabajo se han enterado esta aprobación por el Bocyl», con lo que, para Barcones, «la Junta les ha faltado al respeto de manera muy preocupante». 

Según explicó, la propuesta además carece de financiación. En este punto especificó, que el objeto del plan sectorial es competencia, al 50 por ciento, entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, por un lado, y la Junta de Castilla y León, por el otro. El plan, según denunciaron los socialistas, deja el servicio en manos de los ayuntamientos y la Junta y la Diputación «se lavan las manos». «El PP de lo que sabe mucho es de ordenar sillones, porque ordenar el territorio no lo han hecho en 35 años, ni tienen idea», incidió.