La Fiscalía Provincial de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en el caso de Perla Negra y la venta de los terrenos de Portillo, y en su escrito de conclusiones provisionales presentado ante la Audiencia Provincial pide once años de prisión para los entonces viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como para el exconsejero delegado de Gesturcal-ADE Parques, Juan Carlos Sacristán.

La Fiscalía sostiene que en el alquiler y la posterior compra del ahora Edificio de Soluciones Empresariales, así como en la adquisición de los terrenos de Portillo para la construcción de un polígono industrial, la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, entonces presidida por el fallecido Tomás Villanueva, urdió un mecanismo para beneficiar a las empresas privadas, en especial a Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo, a través de las sociedades públicas Gesturcal y, a partir de 2008, Ade Parques Tecnológicos Castilla y León. En total, para los doce acusados pide penas que suman 83 años de cárcel.

En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,4 millones de euros, “cuando su valor no debió superar los 50 millones, y que hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.

A Rafael Delgado le acusa de un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de revelación de secretos, en concurso con un delito de tráfico de influencias y un delito continuado de malversación de caudales público. En total solicita para el once años de cárcel y 29 de inhabilitación.

Para Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán pide también once años de cárcel y 20 de inhabilitación. Ambos serían responsables de un delito continuado de revelación de secretos, en concurso con un delito de tráfico de influencias y de un delito continuado de malversación de caudales.

A su vez, la Fiscalía acusa Salvador Molina, entonces director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y para Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación. Les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Al resto de los los acusados les acusa de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias. Así para Alberto Esgueva, exdirector de la División de Internalización de ADE; para Germán José Martín, en aquel momento administrador de Urban Proyecta, y para los empresarios Ángel Román Montes, Carlos González Maestro, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Francisco Esgueva, la Fiscalía reclama seis años de prisión. Además, reclama que todos los acusados, de forma, conjunta y solidaria, indemnicen a la Junta en más de 16,1 millones de euros.