El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recordado que la responsabilidad en el retraso del proyecto de la Ciudad de la Justicia es de su equipo de Gobierno, pero ha considerado que ha "merecido la pena" ya que ha servido para que las sedes judiciales no salgan del centro de la ciudad, al tiempo que ha recalcado el compromiso del Gobierno de España.

Así lo ha señalado Puente, en declaraciones recogidas por Europa Press a raíz de la propuesta del Grupo Popular en el Senado que se debatía en el Pleno de este jueves para reclamar un compromiso real del Gobierno de España con el proyecto y una partida de un millón de euros para 2022, en lugar de los 100.000 euros previstos en el proyecto presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No se preocupen que la Ciudad de la Justicia tiene el compromiso del Gobierno de España y el año que viene lo veremos con la licitación del proyecto de construcción", ha recalcado Puente.

El regidor socialista ha asumido que la "responsabilidad" de los retrasos del proyecto es del Ayuntamiento de Valladolid pero ha recalcado que "merecía la pena", porque se va a conseguir que la Ciudad de la Justicia "se quede en el entorno donde siempre han estado" las sedes de los juzgados o los despachos de profesionales, y también "donde más beneficio puede producirle a la hostelería y el comercio".

En este sentido, ha recordado que sacar las sedes fuera del centro "puede producir consecuencias como ha pasado con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social".

En todo caso, Puente ha garantizado que el proyecto "va a seguir su curso" y ha explicado que "lo más importante era tener los suelos en propiedad" del Ayuntamiento y eso está muy próximo, ya que tras la adquisición hace unos meses del inmueble del Colegio El Salvador, están "a punto de aprobar el último elemento urbanístico" para quedarse también con la propiedad del aparcamiento del antiguo hospital y poder entregar las dos parcelas".

A partir de ahí, ha subrayado que el Ministerio pondrá en marcha el proyecto, porque la operación desde el punto de vista económico "tiene sentido, al sustituir los alquileres por una inversión que permita tener todas las sedes centralizadas en el mismo espacio".