Los ayuntamientos de Castilla y León registraron una disminución del 3,1 por ciento en la rendición de cuentas del ejercicio 2017 con respecto al de 2016 ante el Consejo de Cuentas, pero se sitúan un 1,3 por ciento por encima de la media nacional al existir un 79,6 por ciento de consistorios de Castilla y León que rindieron cuentas en 2017 frente al 78,3 por ciento del conjunto de España.

No obstante, el conjunto del sector público local de la Comunidad castellano y leonesa, integrado por 4.751 entidades locales y 191 entes independientes, sí registró una mejora en la variación interanual de los periodos 2016 y 2017, al existir un rendimiento de cuentas de un total de 3.667 entidades locales ante el Consejo de Cuentas, un 77,2 por ciento del total, frente al 76,6 por ciento alcanzado en el ejercicio anterior.

Además, en el conjunto del periodo 2012-2017 se registraron un total de 231 ayuntamientos que tienen pendiente la rendición de cuentas de varios ejercicios, siendo 36 de ellos consistorios que no rindieron nunca cuentas, si bien son todos salvo uno «menores de 1.000 habitantes», tal y como señaló el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia.

Estos datos fueron arrojados por el informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León en 2017, que fue aprobado ayer por el Consejo de Cuentas en el pleno que se desarrolló en el Ayuntamiento de Salamanca, en la que supone la primera visita del organismo público castellano y leonés desde que Amilivia es su presidente.

Buena salud democrática

El propio Amilivia señaló que el informe anual sobre las cuentas del sector público local «pone de manifiesto la transparencia y la rendición de cuentas, que son la esencia de la democracia». Por ello, y dados los datos reseñados, el presidente del Consejo de Cuentas aseguró que «Castilla y León tiene una buena salud democrática».

Así lo pone de manifiesto no solo el porcentaje de la rendición de cuentas de los ayuntamientos y entidades locales de la Comunidad, sino también el conjunto de los presupuestos que arrojaron unos ingresos de 3.552,5 millones de euros y unos gastos de 3.544,9 millones, así como un descenso interanual de la deuda viva de las entidades locales del 13,5 por ciento.

No obstante, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, Amilivia sí consideró necesario modificar la ley 4/2013 de organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León puesto que «los únicos Consejos de Cuentas que tienen mejores datos de fiscalización son los de las cinco comunidades autónomas que están dotadas de medios de los que adolece Castilla y León y que son necesarios».

En ese sentido, Amilivia pidió una modificación de la ley que permita al Consejo de Cuentas tener potestad para realizar «multas coercitivas» así como la retención «del pago de subvenciones y transferencias» para aquellas administraciones locales que no rindan cuentas.

También pidió Mario Amilivia otras modificaciones que promuevan que «los debates del Consejo de Cuentas en las Cortes se hagan en unos plazos razonables para que no pierdan vitalidad política», así como la potestad para aprobar el Plan Anual de Fiscalizaciones con el que el Consejo de Cuentas sea «totalmente independiente» para asumir «nuevas tareas» como la Oficina contra el Fraude propuesta por el Partido Popular y Ciudadanos.