La exalcaldesa de Boecillo defiende todas sus decisiones

D.V.
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Acusa al secretario municipal de mal asesoramiento intencionado y de comportamiento hostil con las "mujeres" del Ayuntamiento

La exalcaldesa de Boecillo, M.A. R, durante la primera jornada del juicio en la Audiencia de Valladolid donde responde por presuntos delitos de prevaricación y malversación. - Foto: Europa Press.

La que fuera alcaldesa de Boecillo por Ciudadanos entre 2015 y 2019, M.A.R, ha defendido este lunes la licitud de todas sus decisiones como regidora, entre ellas la decisión de compatibilizar a un agente de la Policía Local como jefe de Mantenimiento y la ejecución de distintas obras carentes de proyecto, en la creencia de que no estaba incurriendo en delito y ante la necesidad de cubrir una serie de "servicios esenciales" en el municipio.

En la primera jornada del juicio iniciada en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid--las previsiones apuntan que se prolongará hasta el jueves--, la encausada, que responde por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación, con peticiones de entre cuatro y ocho años de cárcel solicitados por el fiscal y el Ayuntamiento de Boecillo, respectivamente, ha sacado a relucir las malas relaciones que mantenía con el secretario municipal y ha enmarcado en este contexto la dificultad de discernir si los reparos que éste ponía a buena parte de sus decisiones seguían criterios objetivos o no.

Las acusaciones pública y particular le imputan haber autorizado que un agente de la Policía Local compatibilizara el puesto con el de jefe de Mantenimiento, cobrando horas extra en este último cometido pese a que ya incluía disponibilidad, y la ejecución de una serie de obras de forma ilegal, sin proyecto ni dirección facultativa, como las de una nave, la reparación del puente del Peregrino e incluso, según la acusación pública, del sistema de abastecimiento de la localidad.

En su pormenorizado interrogatorio, la exalcaldesa, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que autorizó la atribución de funciones un agente de la Policía Local como nuevo jefe de Mantenimiento debido a que este puesto había quedado vacante en septiembre de 2015 fruto del despido obligado del anterior, "que había incurrido en un grave delito".

Por ello, ante una bolsa de empleo que estaba "paralizada", la acusada permitió que el agente siguiera cobrando la nómina como tal pese a que dejó de prestar servicio y pasó a encargarse del área de Mantenimiento porque "hubo que priorizar esta tarea ya que tenía que dirigir a un equipo de entre diez o veinte personas para realizar servicios esenciales para el municipio", de ahí que entonces no viera problema alguno en esta asignación al atravesar el Ayuntamiento una "situación coyuntural de necesidad".

Aunque las acusaciones sostienen que esa compatibilización de funciones y el pago de horas extra al jefe de Mantenimiento era ilegal, tal y como consta en infinidad de informes del secretario e interventor municipales, al llevar implícito el puesto el concepto de disponibilidad, la exregidora ha reconocido que el nuevo encargado percibió por ellas al considerar que era de justicia. "Entiendo que cuando alguien hace horas extra hay que pagárselas o compensárselas de algún modo", ha incidido M.A.R.

También ha defendido la licitud de sus decisiones respecto de distintas obras que los acusadores consideran que no siguieron los cauces administrativos correspondientes, entre ellas la reparación del Puente del Peregrino, una infraestructura antigua que, según ha advertido la entonces alcaldesa, requería de una intervención urgente debido a su mal estado y el riesgo de accidente para los vecinos ya que por él transitan camiones de gran tonelaje y es punto de conexión entre urbanizaciones utilizado por los "chavales".

"Nadie me dijo que se necesitase proyecto, algo que, por ciento, habríamos hecho sin problema porque se trataba de una obra sencilla", mientras que respecto de las obras ejecutadas en la construcción de un sotechado contiguo a una nave municipal, también sin proyecto ni plan de seguridad, la expolítica de Cs ha asegurado que nadie le informó de tales trabajos y se imagina que la misma la acordaron entre el jefe de Mantenimiento y el concejal de Urbanismo.

Entre las presuntas irregularidades cometidas, el Ayuntamiento de Boecillo le imputa haber ordenado acometer, al mismo tiempo, las de saneamiento y abastecimiento, pese a que inicialmente solo estaban contempladas las primeras.

M.A.R. ha explicado en este sentido que se acordó ejecutar igualmente las de abastecimiento al abrir la zanja para las de saneamiento y comprobar que había numerosas fugas y que los ciudadanos de Boecillo bebían agua procedente de tuberías rotas de fibrocemento.

"Además, cada vez que había fugas había que cortar el suministro de todo el pueblo. Había que tomar una decisión y se puso el tema sobre la mesa. No se podía mirar para otro lado", ha incidido la acusada, quien ha añadido que por eso se solicitó que la arquitecta municipal elaborara una memoria justificativa del deterioro de las tuberías de abastecimiento y se solicitó una subvención a la Diputación provincial para obras de urgente necesidad, obteniendo la máxima posible".

A lo largo de su interrogatorio, la ex de Cs ha denunciado que no llegó a tomar por ciertos los informes en contra o reparos del secretario municipal a buena parte de sus decisiones, que además "no eran vinculantes", tras comprobar que su asesoramiento era intencionadamente para perjudicar los intereses del equipo de gobierno municipal.

"No nos podíamos fiar de su criterio. Emitía informes de forma arbitraria", ha sostenido M.A.R, quien reconoce que al principio la relación era buena pero luego se dieron cuenta de que en algunos expedientes la intención del secretario era equivocar al equipo de gobierno, sobre todo a partir del intento de actualizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento y se comprobó que venía percibiendo un complemento de forma ilegal desde hacía quince años.

"A partir de ahí comenzó su comportamiento hostil", ha insistido la acusada, que también ha extendido dicho comportamiento respecto de las trabajadoras del Consistorio, sobre las que, según ella, ejercía una "presión y un comportamiento impropios", hasta el punto de que una de las afectadas le denunció por acoso y ello ha derivado en un proceso pendiente actualmente de juicio.