Para la plataforma, la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba la anulación y que ya había realizado anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, debería "ser suficiente motivo" para que la Junta realice una modificación "profunda" del Decreto que regula el funcionamiento de las Residencias y Centros de Día para personas mayores, explica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La Consejería de Familia, apuntan, insiste en que la sentencia solo afecta a cuestiones de forma, cuando la realidad es que el "frustrado" decreto supone un "recorte" en los medios para atender a las personas mayores al "eliminar" la exigencia para que las residencias dispongan de profesionales que garanticen la "adecuada" atención.

"Se suprime la obligación de que las mismas dispongan de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, psicólogos, así como la reducción de forma muy significativa del personal sanitario. Deja a voluntad de los empresarios de cada Centro residencial los profesionales que debe disponer cada uno de ellos", añade el comunicado.

La Plataforma Social demanda al nuevo Gobierno de Castilla y León que anteponga "los intereses de las personas mayores, a los de los propietarios de las residencias". "No parece lógico que se empeñe en mantener el frustrado decreto, que sólo es apoyado por las asociaciones de empresarios de residencias", añaden.

Para el portavoz de la Plataforma Social, Jorge Félix Alonso, es un "sarcasmo" hablar de la atención centrada en la persona cuando "no se le garantizan" todas las prestaciones que necesita. "Del Programa 'En mi casa', sólo queda el nombre", lamenta.