La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó prorrogar por un plazo de entre seis meses y un año, según las necesidades y situación de cada territorio y órgano judicial, el plan de especialización de juzgados de Primera Instancia en cláusulas bancarias abusivas para 2020. El número de juzgados especializados en esta materia es de 54 en toda España. En Valladolid se ampliará el programa en un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que seguirá siendo Primera Instancia 4 “de manera exclusiva y excluyente". En Castilla y León, también tendrán otro año Burgos, Palencia, León, Salamanca y Zamora, mientras que serán seis meses (hasta el 30 de junio), en Ávila, Segovia y Soria, según detallan fuentes del CGPJ.

El plan de especialización de juzgados en esta materia se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. La prórroga se produce después de que representantes del CGPJ, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia coincidieran, en la reunión mantenida el pasado 8 de noviembre, en la necesidad de ajustarlo a las necesidades concretas de cada órgano judicial. Transcurridos dos años y medio desde la puesta en marcha de esta medida, y gracias a la fluida comunicación mantenida por todas las instituciones implicadas, ha sido posible determinar dónde es necesario prorrogar el plan durante un año y dónde seis meses.

Según los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de este año, en ese periodo los juzgados especializados en cláusulas abusivas experimentaron una mejora por primera vez desde la puesta en marcha del plan. A 30 de junio, el volumen de asuntos pendientes de resolución era un 2,25 por ciento más bajo que al finalizar el primer trimestre. También mejoró prácticamente en todos los territorios la tasa de resolución de asuntos (cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo), que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.

En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional era del 118,4 por ciento (82 por ciento en el primer trimestre). Si se tienen en cuenta los datos correspondientes al tiempo total de duración del plan de especialización, la tasa nacional es del 41,3 por ciento, lo que significa que hasta el 30 de junio se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.