El Gobierno aprobó hace unas semanas la Ley de Vivienda, una cesión a Podemos para aplacar los ánimos de la ministra de Trabajo. Cierto que aún queda tiempo para que la Ley sea una realidad, pero ya está teniendo efectos perversos sobre el mercado inmobiliario. Precisamente, la inseguridad jurídica que ha introducido en la inversión o el alquiler está retrayendo a todos los actores. No hay nada más perverso que la incertidumbre y ya, según cuenta "Libertad Digital", entre el 15% y el 20% de los propietarios están pensando vender sus viviendas según vayan cumpliéndose los contratos con sus inquilinos. Es decir, que el parque de viviendas de alquiler se reducirá y no aumentará como nos dijo el Gobierno que ocurriría gracias a su nueva normativa.

Esto es algo que ya ha ocurrido en otros países o ciudades, incluida Barcelona. Normas similares en Berlín o Estocolmo que fijan precios y condiciones a los propietarios que alquilan han acabado estrechando el mercado y subiendo los precios haciendo casi imposible encontrar una vivienda de alquiler. El Gobierno lo sabía. De hecho, la nueva ministra del ramo, horas antes de que por sorpresa Sánchez anunciara esta nueva Ley, declaró que no se iba a aprobar ese tipo de normas en España porque la experiencia en otros lugares era muy clara. Aún así, el presidente le "regaló" esta baza a Yolanda Díaz en el momento más álgido de la negociación sobre la reforma laboral.

En realidad, no se sabe qué ocurrirá con esta Ley, ni cuando comenzará su trámite parlamentario, pero solo el hecho de su anuncio y aprobación por el Consejo de Ministros ha conseguido el efecto contrario al que se pretende. Todo ello sin tener en cuenta que, además, la norma incluye una subida camuflada del IRPF para los propietarios. Todo un desaguisado en un mercado ya de por sí difícil. La prohibición de desahuciar, la vista gorda a la ocupación y el tiempo que se tarda en poder echar a un moroso son causa también de que muchos propietarios que quieren alquilar se lo piensen o dediquen la vivienda a otros usos reduciendo aún más el mercado y por tanto subiendo los precios. Es cierto que al final si esta Ley se aprueba serán ayuntamientos y Comunidades Autónomas los que tendrán que aplicarla o no. De hecho, algunos ya han asegurado que no se aplicará en sus territorios, pero como he dicho antes, el mero hecho de su anuncio y aprobación constituye causa de preocupación e inseguridad y está teniendo consecuencias.