Los ataques de lobo a la ganadería cayeron un 35,4 por ciento en el sur del Duero en el primer semestre de 2019, con un 18 por ciento menos de animales muertos. Estas cifras se traducen en 912 ataques que causaron 1.205 muertes de cabezas de ganado, por debajo de los 1.412 episodios vividos en el mismo periodo de 2018, que motivaron la pérdida de 1.468 unidades.

Según los datos facilitados a Ical por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se trata de los últimos datos estadísticos disponibles por su departamento, en lo que se aprecia, esclareció, “una cierta mejora”.

La evolución se observa claramente en una de las provincias más afectadas por este cánido en la Comunidad, Ávila, donde la ganadería extensiva convive en espacio y tiempo con el lobo. Así, en territorio abulense se registraron 748 ataques en 2018, frente a 640 entre enero y junio de este año, un 14,4 por ciento menos; o en Segovia, donde pasaron de los 329 a 225, con una caída del 31,6 por ciento, en la línea del conjunto de la Comunidad. Únicamente se lamentaron más ataques al sur del Duero en Zamora, donde se contabilizaron 31, frente a los 26 del primer semestre del pasado año, un 19,2 por ciento más.

En el norte del Duero, aunque por el momento no se facilitan los datos, el consejero destacó que el número de ataques total en el periodo de estudio mantiene los datos de 2018 tanto en agresiones como en cabezas de animales. Recientemente, se aprobó el Plan de Aprovechamiento, que permitirá cazar 339 lobos al norte del Duero hasta 2022, donde es una especie cinegética.

Suárez-Quiñones especificó que se trata de una especie con protección “absoluta” al sur del Duero, mientras que en el norte cuenta con “protección, pero algunos criterios sí permiten su caza para garantizare su estado favorable, y del que no hay ninguna duda de su expansión dentro del territorio, en muchos casos hacia el propio sur de la Comunidad”.

La decisión de la cifra del plan de aprovechamiento se basa “en criterios absolutamente técnicos”. “Partiendo de datos y manadas se introducen cupos de caza máximos gestionados. Eso no garantiza que se cacen todos, porque siempre queda entre el 50 y 75 por ciento sin abatir sobre la cifra que los técnicos consideran que es suficiente para que la especie tenga estado favorable”, comentó. De ello, se concluye, explicó el consejero, que “al no cumplirse los cupos, la especie va en incremento y se tiene en consideración la población que deriva de los no cazados el año anterior, pero siempre de forma sostenible”.

Prevención, pagos y batidas

Al sur, el lobo está protegido por la directiva Hábitat de la Unión Europea. “No podemos hacer nada más que introducir medidas preventivas, junto al sector ganadero”, señaló Suárez-Quiñones, quien explicó que es “complicado” al predominar la ganadería extensiva, no estabulada, “ya que comparten el monte y el mismo medio que el lobo”. “Se encuentran siempre”, añadió.

Por ello, apostó por “implementar medidas máximas, pero no estabular el ganado, porque acabaríamos con este tipo de ganadería”. Dado que el lobo burla en muchas ocasiones las acciones preventivas y las buenas prácticas de los profesionales del sector, la Junta cuenta con una segunda opción, especialmente en provincias como Ávila, para compensar los daños económicos, algo a lo que no está obligado el Gobierno regional, según defendió el consejero, según una declaración general de la Ley de Patrimonio y Biodiversidad del Estado. Mientras, en el norte del Duero la Junta compensa el daño pagando la franquicia del seguro que está obligado a suscribir el ganadero, a excepción de cuando se produce en reservas regionales, que se abona el cien por cien.

A pesar de ello se desarrolla al sur del Duero a través de cantidad consensuadas con el sector, en las que se tienen en cuenta la pérdida emergente, el lucro cesante y otros perjuicios. Y se trata de ser “lo más rápido posible en pagar esas ayudas”. Actualmente se abona, de media, en menos de 30 días, frente a un año que se tardaba en 2015. “¿Es suficiente? Los ganaderos no quieren compensación, sino su ganado, pero como hay que buscar un equilibrio, vemos un punto para que los daños sean admisibles. Es un problema que existe también en otros países europeos”, respondió.

No obstante, además de las acciones preventivas y el pago por daños, Suárez-Quiñones determinó una tercera medida, que es el control de la especie a través de batidas. “Se hacen de forma excepcional y lo prevé la propia directiva Hábitat. Europa ha entendido que esta medida es necesaria. Ahora da cierta seguridad jurídica y hay tranquilidad en ese sentido” comentó.

Nueva Ley de Caza

Igualmente, Suárez-Quiñones invitó a la ciudadanía a la participación en la propuesta de anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, es decir, la nueva ley de Caza, que se encuentra en Gobierno Abierto hasta hasta el 17 de enero.

Los plazos que maneja la Administración autonómica para una norma tan esperada, visto además el año 2019 que ha estado marcado por la judicialización en este asunto, “dependen de la tramitación y las alegaciones”. “Es un plazo indefinido ahora mismo, pero la pretensión es poder presentarla y aprobarla en Consejo de Gobierno para convertirla en proyecto de ley y llevar a las Cortes en el próximo periodo de sesiones, que empieza en febrero”, avanzó.

Este es el reto marcado por la Consejería, si bien entendió que “aún tiene que pasar por consensos políticos y sociales para que esté dotada de peso y garantía”. Una colaboración que ya se vio en la modificación de la ley anterior que se llevó a cabo en 2019 en las Cortes y que obligó a introducir diferencias. “Esta ley no puede estar sujeta a avatares partidistas”, sentenció Suárez-Quiñones.

El PRUG de Picos, en 2020

Por último, y tras ver la luz durante 2019 el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Guadarrama, que ya está en vigor, el siguiente objetivo de la Junta en esta materia es hacer lo propio con el documento en 2020, algo a lo que se comprometió el consejero de Fomento y Medio Ambiente, algo que además ocurrirá bajo la Presidencia del Patronato por parte de Castilla y León, ya que cambia de manos cada dos años junto a Cantabria y Asturias.

“Será seguro el año de la aprobación. Está muy avanzado y necesariamente saldrá este año. Se ha llegado a un estudio y es un PRUG muy consensuado y merece la pena que sea reconocido por todos”, espetó.

Además de este plan, el consejero recordó que está pendiente un nuevo convenio actualizado para la gestión del parque, después de que el Estado transfiriera las competencias del mismo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional en 2004. Por ese motivo, las tres comunidades autónomas firmaron un convenio para poner en marcha una estructura “en unidad de acción”. Será en 2020 cuando se adapte y “se modernice”, tal y como prometió también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en un reciente encuentro celebrado en Cantabria.

Castilla y León tiene la mayor extensión de Picos de Europa, pero no llega ni a 800 habitantes, de los alrededor de 14.000 que residen en el parque nacional. Además, es un espacio destacable para la Comunidad, ya que de los tres millones de turistas que recibe anualmente, el diez por ciento visita Picos de Europa.