Las moratorias en al pago de tributos y la caída de la actividad económica están impactando de forma aguda en la recaudación de las diferentes administraciones públicas, en un momento en el que el gasto se dispara para frenar la pandemia sanitaria y sus perniciosos efectos económicos y sociales. Los tributos estatales sobre los que se asienta la financiación básica de todo el Estado sufrieron un duro varapalo durante los dos primeros meses completos y los más duros del estado de alarma, abril y mayo, cuando los ingresos tributarios del Gobierno en Castilla y León se desplomaron en más de 200 millones de euros.

Las cifras aportadas a Ical, por la Agencia Tributaria, indican que en abril y mayo, el Estado recaudó en Castilla y León 327,7 millones de euros, lo que supone un desplome del 38,8 por ciento, respecto a los mismos meses de 2019, con 207,7 millones menos de ingresos. La provincia que más sufrió esta crisis ha sido la de Valladolid, con un desplome del 53,8%.

Fuentes de la Agencia Tributaria advirtieron a Ical, de las fluctuaciones en las comparativas mensuales autonómicas, cuando pueden darse circunstancias no homogéneas, como devoluciones masivas en uno u otro periodo o pagos pospuestos de una mes a otro, e instaron a analizar cifras acumuladas, que en el caso de la Comunidad, también arrojan un descenso recaudatorio global, en los cinco primeros meses del año, del 6,6 por ciento, hasta los 1.461,79 millones, es decir, 103 millones menos, pese al buen comportamiento recaudatorio del arranque del ejercicio.

Desplome de la recaudación por impuestos en Valladolid - Foto: IcalEl impacto del COVID menguó los ingresos de todos los impuestos, desde el que grava el trabajo, a la actividad empresarial y el consumo. No hubo distinciones y las caídas de dos dígitos fueron generalizadas. El IRPF permitió al Estado recaudar en los dos meses de análisis, 127,5 millones de euros, que representan una caída del 19,8 por ciento. Asimismo, el Impuesto sobre Sociedades supuso unos ingresos tributarios en abril y mayo de 90,8 millones, con un desplome del 29,2 por ciento.

Por lo que se refiere al IVA, tributo indirecto que grava el consumo, registró un impacto demoledor, con un retroceso del 57,7 por ciento en los días de análisis, hasta un montante total de 98,2 millones, cuando un año antes permitió ingresos de 232,5 millones. En cuanto a los Tributos Especiales, su recaudación fue negativa en 2,8 millones de euros, cuando en 2019, solo lo fue en 822.000 euros.

Por su parte, el Impuesto de la Renta de los No Residentes menguó un 16,4 por ciento durante los dos meses de estado de alarma analizados por Ical, con unos ingresos de 1,5 millones de euros. El tributo de tráfico exterior, sumó a las arcas del Estado 2,3 millones, con una bajada del 27,4 por ciento.

Por último, el Capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias), sufrió el mayor descenso porcentual entre los impuestos que recauda el Gobierno, y se contrajo un 69,9 por ciento, hasta los 2,8 millones de euros.

Críticas al Ejecutivo

Pese a todo, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) denunció que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo “han sido insuficientes y poco ambiciosas si se comparan con otros países europeos”.

“Es necesario, por lo tanto, avanzar en los apoyos a las empresas mediante el sistema tributario, ampliando su alcance. En este contexto, es especialmente obligado no incrementar la fiscalidad que soportan nuestras empresas ni empresarios de forma directa o indirecta”, sentenciaron.

Las mismas fuentes aseguraron a Ical, que en Castilla y León, es necesario la supresión o bonificación del Impuesto de Patrimonio. Igualmente, aunque valoraron que Castilla y León haya sido la primera Comunidad en firmar un Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social con el apoyo de los portavoces y dirigentes de los principales partidos con representación en las Cortes, denunciaron que eso costó “un nuevo retraso en la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad; supresión a la que se había comprometido el Gobierno regional y que sigue penalizando doblemente a Castilla y León, creando, por un lado, ciudadanos de segunda y de tercera, y por otra parte, frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo”.

La patronal autonómica también defendió que es urgente que exista una armonización fiscal, para evitar que “se agudice la deslocalización de empresas” de Castilla y León “por el alto nivel impositivo, empujando a los empresarios a invertir en otras comunidades con menor carga”. 

Así, exigió coordinar de manera “urgente” las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como suprimir muchos de los impuestos autonómicos, que “provocan distorsiones en el mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los que afectan”.

Provincias

Por provincias, entre abril y mayo, la recaudación del Estado cayó en Valladolid (77,6 millones de euros), un 53,8 por ciento; en Ávila (4,7), un 46,3 por ciento; en Zamora (7,4), un 44,2 por ciento; en León (40), un 42,7 por ciento; en Burgos (90,7), un 30,5 por ciento; en Soria (18,8)(, un 29,3 por ciento; en Palencia (21,4), un 28,2 por ciento; en Salamanca (46), un 27,6 por ciento; y en Segovia (23,6), un 18 por cien