No discuto la eficacia del estado de alarma como herramienta para frenar la pandemia, pero todo tiene efectos secundarios. En este caso, sobre el bolsillo de los españoles, que se resiente al resentirse la actividad económica. Es lo tangible. Lo intangible en cuanto a consecuencias indeseables nos lleva a una afectación de principios. Hablo del doble control, judicial y parlamentario, de las decisiones del Gobierno.
El estado de alarma declarado el domingo pasado por el Ejecutivo es en realidad un salvoconducto con validez en todo el territorio nacional. Eso impide el bloqueo judicial en el inevitable atropello de derechos fundamentales. Los gobernantes territoriales pueden sortear así el fuero de jueces y los tribunales judicial si se violan libertades como la movilidad y el derecho de reunión.
El otro principio malherido es el del control parlamentario si es que, como todo parece indicar, el Gobierno obtiene el respaldo de la Cámara para que la duración de tan excepcional medida sea de seis meses. Significará que durante medio año Sánchez se librará del engorro de someterse a la vigilancia parlamentaria cada 15 días, como ocurrió en el procedente de la primavera (14 marzo-21 junio) y estar negociando los apoyos de otras fuerzas políticas cada vez que se pida una prórroga.
Moncloa juega la baza de un supuesto clásico: las emergencias, catástrofes naturales, actos terroristas, guerras, etc., empujan a las sociedades hacia el cierre de filas frente al enemigo común. Eso refuerza al poder establecido. Por el contrario, Pablo Casado, líder del principal grupo de la oposición, se inspira en los politólogos que cuestionan esa supuesta ley de hierro evocando la derrota electoral de Churchill después de haberse hartado de carisma durante la segunda guerra mundial.
Esas dos visiones, la de Sánchez y la de Casado, marcan la dinámica posterior al reciente cruce parlamentario de ambos en la moción de censura planteada por Vox. En el PP explican que el "no" al candidato Abascal no significa "sí" a Sánchez por el hecho de que Gobierno y oposición coincidieran en rechazar la moción ultraderechista.
Aparte está el malestar social. El estado de desaliento reina desde que el presidente del Gobierno declamó públicamente su "misión cumplida" contra la amenaza del coronavirus. Aquel optimismo de la desescalada y la "nueva normalidad" acabó estrellándose contra la crudeza de los hechos. La gente se contagia cada vez más, muere, se arruina, pierde el puesto de trabajo y desconfía de los poderes públicos.
Después del confinamiento total de la pasada primavera volvimos a las andadas. Pero el nuevo estado de alarma es bastante más suave y bastante menos exigente ¿Será tan eficaz como aquel?