El pasado martes una delegación de ERC encabezada por el presidenciable Pere Aragonès acudió a la cárcel de Lladoners donde se encuentra encarcelado Jordi Sánchez, el líder de JxCat, parta tratar con él de desencallar las negociaciones para formar el futuro gobierno catalán, que está pendiente desde el pasado 14 de febrero cuando se celebraron las elecciones autonómicas. Como también acudió otra delegación de los posconvergentes, la novedad del encuentro era sobre todo el lugar, dando por hecho que Jordi Sánchez no tiene ningún problema para comunicarse con los dirigentes de su partido y estos pueden conocer sin ningún tipo de trabas sus instrucciones.

Como se da la circunstancia de que el líder de ERC, Oriol Junqueras se encuentra también  preso en la misma cárcel, tras sus condenas por sedición por organizar el referéndum ilegal del 1-O y declarar la república catalana, es de suponer que en sus ratos libres hablarán largo y tendido de la situación de Cataluña y de la formación del nuevo Govern, por lo que el encuentro al máximo nivel de los representantes de los dos partidos tendría que haber servido para acelerar un proceso que ya se está haciendo mucho de rogar  tras haber fracasado en dos ocasiones la investidura de Pere Aragonès, porque quienes serán sus socios le han negados sus votos.

No cabe duda de que es una situación anómala que una reunión para la formación de un gobierno elegido democráticamente se celebre en una cárcel. Pero es también una imagen potente de cómo transcurre la vida política en Cataluña y lo que se traslada al exterior. Cuando los independentistas pregonan que España no es un país democrático, en las cancillerías de otros países se les tiene que quedar los ojos a cuadros cuando se enteren de que los autodenominados presos políticos no solo han podido participar en procesos electorales, sino que debaten en prisión sobre quién y cómo se han de dirigir los destinos de los catalanes y cómo han de ser las relaciones con el Gobierno de la nación.

La localización del encuentro, sin embargo, no sirvió para que las relaciones entre ERC y JxCAT avanzaran significativamente porque las diferencias entre ambos partidos son todavía muy relevantes, con acento especial en el papel que ha de interpretar el expresidente catalán, Carles Puigdemont desde el exilio de Waterloo y al frente del Consell per la República, un organismo ajeno a cualquier control democrático  creado a su imagen y semejanza, quien por otra parte está pendiente de los resultado de las cuestiones prejudiciales presentadas por España ante el Tribunal de Estrasburgo para reanimar el proceso para su extradición.

Pero no hay  problema: el acuerdo llegará, quizá en el último minuto, pero se alcanzará porque ambos partidos saben que acudir de nuevo a las urnas es un riesgo muy alto, pero sin quitar un ojo a los antisistema de la CUP, que no olvidan que JxCAT es un partido de derechas que puede sentir la tentación de imponer su modelo económico y social, aunque lo que fragua el acuerdo es la voluntad de avanzar en los dos próximos años en la implantación de la república catalana  con una duración mayor al medio minuto.   Y entre tanto al vencedor de las elecciones, el socialista Salvador Illa, parece que le ha afectado el ‘síndrome Arrimadas’ y se encuentra fuera de escena.