La democracia es cara. Lo son sus partidos políticos y lo son sus instituciones. La expresión más completa del sistema son las elecciones: también es la más cara. Y por desgracia, de las más abundantes. En Castilla y León tuvimos unas en febrero. El Consejo de Cuentas acaba de visar la factura para su pago: 2.309.000 euros nos cuesta a los contribuyentes la broma sólo en subvenciones a los partidos. Añadamos los costes de esa misma jornada, por la estructura en sí, y variedades. 

¿Caro? Depende. Ya sabemos el precio (lo que se paga). ¿Sabemos el valor? (lo que se recibe). Ahí es donde los paisanos tenemos que ser más exigentes. Casi como consumidores: ¿quién paga, usted? Pues aplique el nivel de exigencia. Claro, hay un inconveniente: como se lo gastan sin pedirle al votante un permiso específico, el grado de consciencia de los ciudadanos en lo relativo al coste quizá no sea muy alto. De ahí que consciencia y exigencia sean madre e hija.

Será difícil encontrar entidades o asociaciones que se lleven solo dos años después de la anterior ocasión subvenciones tales como los  más de 700 mil euros de una tacada de PSOE y PP o más de 400 mil de Vox. Tienen ese privilegio, tan grande como la responsabilidad que adquieren, cuya magnitud depende del grado de requerimiento de que sean objeto. Y como consumidores, por decirlo "en román paladino", la nuestra ha de ser una actitud tan proactiva como lo es con el proveedor de leche o con la puntualidad del bus urbano.

Por tanto, fijemos el dato que nos regala el Consejo de Cuentas: 385 millones de las antiguas pesetas para la campaña de los partidos de las elecciones adelantadas. Obligados están a entenderse y a gobernar. Ojalá sepan aportar valor a ese precio. Y que se dejen de más adelantamientos. (A menos que lo paguen ellos).