El Ministerio del Interior reaccionó bien, con toda la celeridad que exigía la cuestión. En los primeros diez días de 2023 se habían cometido cuatro asesinatos de violencia de género, después de un final de 2022 en el que también se habían activado todas las alarmas. Grande-Marlaska reunía de urgencia a toda la cúpula de las fuerzas de seguridad en pos de nuevas medidas con las que intentar atajar el desmán y de allí se salió con la idea de que había que aumentar la vigilancia sobre los agresores más peligrosos y elevar los niveles de protección sobre las víctimas. Se hablaba de medios telemáticos para los maltratadores y de ampliar los plazos de desactivación de un caso en el sistema VioGén, para, en definitiva, mantenerlo bajo la lupa policial durante más tiempo. 
Y el plan, así contado, leído en una nota de prensa ministerial con su membrete y su todo, parece magnífico si no fuera porque la cruda realidad de la lucha policial contra la violencia de género es la de la precariedad de medios humanos con los que Guardia Civil y Policía tienen que dar ese plus de protección, con los que, según les dicen sus jefes políticos, deben aumentar el control sobre los agresores.
En toda la provincia de Valladolid son 32 los agentes integrados en alguna de las tres unidades especializadas: 18 en la de la Policía y 14 en las dos de la Guardia Civil. De todos ellos, solo hay tres policías dedicados de un modo exclusivo a las tareas de protección y cada uno se encarga de unas 70-95 mujeres. Los otros 15 agentes de la UFAM de la Policía tienen que recibir y tramitar las denuncias, valorar el riesgo de cada víctima e investigar.
En el caso de la Guardia Civil, hay seis en el Emume de la Unidad de Policía Judicial solo para la investigación y ocho en los nuevos equipos VioGén, encargados del «seguimiento analítico» de los casos activos. Pero la recepción de denuncias y la protección queda en manos de guardias sin especialización, miembros de las patrullas de Seguridad Ciudadana, que compatibilizan estas tareas con su día a día.
32. Esa es la verdadera realidad de la lucha contra la violencia de género en Valladolid, por mucho que la clase política se vanaglorie del plan y hasta rebusquen en la estadística para hablar de incrementos de plantillas. La única verdad es que Policía y Guardia Civil bastantes milagros obran con lo que les dan, que una cosa es predicar y otra, dar trigo.