La despoblación es uno de esos problemas endémicos que el medio rural lleva décadas sufriendo y que ya incluso se ha convertido en un problema de las capitales de provincia. A pesar de ello y de la preocupación mostrada por las administraciones nadie ha dado aún con la tecla que revierta un fenómeno que está dejando semidesérticos a nuestros pueblos, aunque también es verdad que no ha existido una apuesta firme por parte de los responsables políticos para frenar esta sangría demográfica y devolver a la vida a unos municipios donde solo permanecen las personas mayores ante la falta de oportunidades y servicios para los más jóvenes. La escasa población, y por lo tanto los escasos votos, hace que no cuenten demasiado con la atención de los dirigentes.
Valladolid no se libra de este grave problema. La provincia ha perdido en tres años casi medio millar de habitantes, a pesar de que en este tiempo han llegado cerca de 5.000 inmigrantes más. Eso significa una merma importante entre la población autóctona debido, fundamentalmente al negativo crecimiento vegetativo (mueren más personas de las que nacen). Tan solo durante el año 2019, último con datos de Instituto Nacional de Estadística, el saldo fue de 1.203 personas menos con un número de fallecidos que duplicó al de nacimientos.
En esta complicada situación demográfica para numerosas zonas rurales, entre las que se sitúa prácticamente toda la provincia con excepción de la capital y de los municipios del alfoz, hay un factor que puede jugar un papel esencial en una cierta revitalización poblacional: la inmigración. Indudablemente no es una solución mágica ni por sí sola va a terminar con una sangría que lleva décadas vaciando una amplia extensión territorial. No obstante, los inmigrantes pueden contribuir de forma decisiva a revertir unas cifras que están llevando a muchos pueblos a una muerte segura por el abandono institucional y el envejecimiento progresivo de los vecinos que allí quedan. Las personas que llegan de fuera son una apuesta de futuro, quizás la última oportunidad para la supervivencia rural, y hay que abrir la mente para acoger a aquellos procedentes de otros países y otros continentes que vienen en busca de unas mejores condiciones de vida.
Normalmente acceden al mercado laboral a través de los empleos que nadie quiere, aquellos con una mayor precariedad o los que cuentan con peores condiciones económicas. Pero también en muchos casos llegan con familia, con niños que revitalizan los pueblos e impulsan escuelas rurales que estaban a punto de cerrar, y en muchos casos sin los prejuicios de muchos autóctonos por ubicarse en un pequeño pueblo. Las mujeres extranjeras tienen una tasa de natalidad más alta que las españolas, por lo que su presencia sirve también para incrementar los nacimientos. Sin embargo, este factor positivo que supone la llegada de inmigrantes a nuestras ciudades y pueblos debe contar con el respaldo de las administraciones públicas en una apuesta firme por mejorar los servicios, promocionar el empleo y facilitar el acceso a la vivienda. Sin ello, ni inmigrantes ni españoles querrán asentarse en los pueblos y estos acabarán desapareciendo.
Precisamente, los últimos años (casi décadas podría decirse) es lo que ha faltado. No ha habido y sigue sin haber una política global, desde las instituciones europeas hasta el Gobierno español o autonómico, que marque una línea clara con planes concretos y presupuesto para afrontar con éxito el reto de la despoblación. Es verdad que algunos municipios están llevando a cabo iniciativas ingeniosas y atrevidas que pueden surtir efecto y atraer habitantes hacia el medio rural. Pero, indudablemente cada ayuntamiento no puede hacer la guerra por su cuenta, pues tan solo permitirá ganar alguna batalla, pero no la guerra. Todos debemos ir a una y apostar firmemente por la provincia, y en esa lucha los inmigrantes deben jugar un papel importante.