La Política Agrícola Común ha sido escenario en las últimas décadas de un profundo proceso de transformación que va a seguir en la reforma a debate en Bruselas y que la actual presidencia pretende acelerar para su entrada en vigor lo antes posible a partir de 2020. 
Del conjunto de todos los cambios experimentados por la misma en estos años, hay dos aspectos a destacar sobre el resto. El primero, la aplicación de un sistema de ayudas directas que, en el caso de España, suponen un volumen de unos 5.000 millones de euros. La zanahoria. El palo, la ligazón de esta nueva política de ayudas y de las compras en intervención a la práctica desaparición de los mecanismos para la regulación de los mercados, permaneciendo solamente algún sistema de almacenamiento, caso del aceite, pero donde los precios mínimos hacen imposible aplicar el sistema o de retiradas de producto como en frutas y hortalizas.
En consecuencia, la posibilidad de regular los mercados con instrumentos en manos de los propios productores para defender sus precios ha sido y se mantiene como uno de los principales retos de un sector. Para ello, una primera condición era disponer de un campo más organizado. La segunda, contar con una normativa que permita ese tipo de prácticas.
En el caso de España, en los últimos años se han dado pasos importantes en materia de organización desde las organizaciones sectoriales al impulso de las interprofesionales. Por el contrario, el sector agrario ha tenido enfrente el celo abusivo de los responsables de Competencia, más preocupados en mantener bajos los precios de los alimentos, bloqueando cualquier iniciativa del sector agrario, que plantear mecanismos para controlar la oferta y defender los mercados.
Esta situación ha dado un giro importante en la actualidad. Primero, porque se ha producido un buen desarrollo de las organizaciones interprofesionales. Segundo, porque hay una disposición comunitaria, el Reglamento de la Organización Común de los Mercados de 2013, que, en su artículo 210, contempla la posibilidad de que un sector productor pueda llevar a cabo acuerdos y prácticas concertadas a través de las organizaciones interprofesionales para lograr una mejor regulación de la oferta y la demanda, con sistemas de almacenamiento y, en principio, con sus propios recursos.
En esta línea, el Ministerio de Agricultura, a través de las organizaciones interprofesionales, está impulsando un sistema de autorregulación en los sectores del vino y del aceite para adecuar la oferta a la demanda con el objetivo de ajustar mejor los mercados y tratar de evitar el desplome de los precios. Para el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, existe esta opción permitida por la normativa comunitaria. 
Sin embargo, esa posibilidad de actuación tiene un proceso. España debe elevar a Bruselas sus propuestas de acuerdo o de prácticas concertadas y esperar a los términos que decida la Comisión en un plazo de dos meses, en función con el contenido de ese mismo reglamento. Esas prácticas concertadas se considerarán incompatibles con la normativa comunitaria si suponen compartimentar los mercados, perjudicar su correcto funcionamiento, un falseamiento de la competencia, fijar precios o cuotas y suponer una discriminación o eliminación de la competencia.
Con respecto al vino, la propuesta planteada desde Castilla-La Mancha, y asumida por todo el sector productor de uva, pretende una adecuación de las disponibilidades de este producto a la demanda, así como para mejorar la calidad de los caldos en contra de las superproducciones de uva por hectárea.
El mecanismo contempla la elaboración de un balance de existencias al 31 de julio, sumadas a la producción de ese año al 30 de noviembre. La autorregulación se aplicaría cuando la cifra resultante fuera superior a la media de las últimas cinco campañas, incrementada en un cinco por ciento en todo el territorio estatal. La medida se aplicaría en las Comunidades Autónomas donde se produjera esa situación y afectaría a los viticultores que superaran la media de los Rendimientos Teóricos de Referencia en cada territorio, a quienes se denomina como elegibles. El volumen a retirar sería del 10 por ciento y como máximo de cuatro millones de hectolitros distribuidos proporcionalmente en función de la superación de las producciones medias, que se almacenarían para darles salida la siguiente campaña si hubiera desajuste a la baja entre existencias y demanda.
Las bodegas donde hayan entregado su uva esos agricultores elegibles por haber tenido altos rendimientos, deben proceder a un almacenamiento con el techo del 10 por ciento de sus existencias.
En materia de lucha por la calidad, se contempla que viñedos con una producción superior a los 20.000 kilos de uva tinta por hectárea o de 25.000 kilos de uva blanca no se podrán destinar a la elaboración de vinos con Indicación Geográfica y solo para destilación o para mostos.
En el aceite, la medida parte de la elaboración a principios de campaña por parte de Agricultura de un estudio sobre las disponibilidades de aceite de oliva y las necesidades totales del mercado para esa campaña. Si a uno de noviembre las disponibilidades superan en un 20 por ciento a las necesidades, la interprofesional podría adoptar el acuerdo de retirar el porcentaje que superase ese porcentaje, con extensión de norma. Ese aceite sería retirado y precintado hasta el uno de noviembre de la siguiente campaña y se podría movilizar antes en función del desarrollo de los mercados. Cada productor de aceite correría con los gastos de la retirada.
Frente a celo histórico de Competencia en relación con este tipo de actuaciones en el sector agrario, desde la propuesta se recalca que este mecanismo no persigue en ningún momento la fijación de los precios ni la limitación de la producción, tampoco la transferencia de la propiedad, que seguirá en manos de cada operador.