De las reacciones independentistas a la sentencia que condena a los líderes del procés por el delito de sedición en con curso con el de malversación, en las que se pone en cuestión la democracia, la libertad y la calidad del Estado de Derecho de España se puede decir que “y viceversa”, que las mismas consideraciones se pueden realizar sobre la actitud que han mantenido los partidos independentistas y sus líderes a lo largo de los dos últimos años, desde que se aprobaron las leyes de desconexión y referéndum que dieron lugar a la intervención de los tribunales.  

Cuando los independentistas dicen que la sentencia del Tribunal Supremo demuestra que en España no hay democracia, puede asegurarse que si no es por ese respeto exquisito por las libertades y los derechos humanos no habrían podido llegar hasta donde han llegado. Cuando se afirma que la sentencia confirma la supresión de derechos se puede oponer que antes los independentistas han conculcado los derechos de más de la mitad de los  catalanes. Cuando afirman que no habría tenido que llegarse a una resolución judicial tendrían que recordar que han sido ellos quienes han impedido un diálogo político dentro de las normas habituales en un régimen democrático, que han repetido hasta la saciedad que de lo único que se podía hablar era de autodeterminación e independencia.

Cuando afirman que la sentencia no es la solución al expediente catalán, llevan razón. Pero seguirá latente hasta que decidan renunciar a las vía unilaterales para conseguir la independencia o a proclamarla por la vía que sea, mientras no haya una reforma legal que lo permita.

Cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirma que “el  uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia", habría que recordarle el desprecio que tuvieron a esa misma democracia en el Parlament impidiendo el debate sobre estas cuestiones. Cuando habla del derecho de autodeterminación reconocido a los pueblos miente descaradamente. Y si  afirma que el relato en que se ha basado la sentencia para condenar a los independentistas es falso, podría decirse lo mismo del relato que hacen los independentistas de su historia o de la validez del referéndum ilegal. 

Cuando el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el líder de toda la sedición según el Supremo afirma que “la independencia es inevitable” y Jordi Cuixart apuntala que “la única respuesta solo puede ser la reincidencia”, la respuesta de las instituciones democráticas españolas no puede ser otro que confirmar que si ese es el camino que eligen se volverá a actuar de la misma forma y con la misma contundencia, con la legalidad en la mano, base de todo comportamiento democrático por encima de la supuesta legitimidad del pueblo catalán.

Cuando Arturt Mas dice que la sentencia agrava el conflicto, los no independentistas quedan a la espera de su propuesta para reconducir el expediente catalán a una solución política. Cuando los familiares de los presos afirman que se criminaliza el independentismo habría que recordar que los independentistas han causado en Cataluña una quiebra de la convivencia.

El jefe del Ejecutivo en funciones Pedro Sánchez y el resto de los partidos están de acuerdo en la formulación de cómo debe afrontarse este expediente, ley y diálogo. Pero primero la ley.