A falta de precios garantizados como sucedía en el pasado, prácticamente eliminados los mecanismos para la regulación de los mercados con sistemas de intervención y estando a un lado las ayudas directas claves sobre todo para complementar los ingresos de algunos sectores, el seguro agrario es uno de los ejes más importantes de la política agraria para garantizar unos ingresos del sector frente a todo tipo de siniestros. Actualmente, cuenta con una media de 430.000 pólizas con un capital asegurado de más de 14.000 millones de euros frente a los más de 50.000 millones que supone el valor de la Producción Final Agraria. Ello pone en evidencia que hay mucho camino por recorrer en la actividad aseguradora donde hay producciones como el olivar, girasol, remolacha o sectores ganaderos con escasa presencia. Sin embargo, a los 40 años de su puesta en marcha, el sistema se halla seriamente amenazado ante el incremento de la siniestralidad en los últimos años que se achaca al cambio climático, por la reducción de las subvenciones de Agricultura y de las Comunidades Autónomas y por el incremento del coste de las primas para agricultores y ganaderos. 
Entidades aseguradoras pretenden a mejorar resultados y dejar de tirar cada ejercicio de los fondos del Consorcio de compensación constituido con una parte de las primas cobradas. Los agricultores y ganaderos aspiran a su vez tener las coberturas que necesitan. Hay consenso sobre la necesidad de un debate para hablar de futuro.
Con unos períodos con sequías prolongadas y otros con inundaciones y pedriscos, la siniestralidad en la actividad agraria tiene una clara línea ascendente en los últimos años. La sequía de 2012 marcaba una cifra récord de indemnizaciones por 766 millones frente a un importe de las primas de 713 millones. Pero no fue un hecho aislado. En 2017 y 2018, las indemnizaciones ascendieron a 737 y 741 millones frente a unas primas de 789 y 757, respectivamente, lo que obligó a las aseguradoras a tirar de los fondos del Consorcio reduciendo los mismos de más de 900 a unos 700 millones de euros. Este año, los pagos por indemnizaciones se elevan ya en estas fechas a unos 540 millones, de los que 84 corresponden solamente a los efectos de la gota fría de las últimas semanas y amenazan con situarse en los niveles de los años precedentes. Las producciones más afectadas han sido los cereales con 1,4 millones de hectáreas, los frutales, cítricos, el viñedo por la piedra y las heladas y los cultivos de huerta. 
El seguro agrario, no se discute, es un seguro caro por el tipo de siniestralidad que soporta, con producciones al raso. A cambio se le pide que, franquicias a un lado, las coberturas sean las que necesita cada producción. Por ese motivo, se trata de un seguro que ha contado con elevadas subvenciones que llegaron casi a los 300 millones de euros desde el Ministerio de Agricultura a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, a los que se sumaban otros 126 millones de las Comunidades Autónomas en 2011. En los años siguientes, esos fondos se han ido reduciendo, en el caso de Agricultura a una media de 230 millones, mientras las autonomías los rebajaban hasta los 46 millones de euros que en la actualidad han elevado a unos 70 millones a través de convenios con Agroseguro. En el caso de Enesa, la subvenciones han pasado de suponer el 40% de las primas, hace una década, a solamente el 29% de la actualidad y en el caso de las Comunidades Autónomas del 18% a solamente el 10%. 
Mientras, las pólizas han pasado de casi 500.000 a una media de 430.000 en la actualidad. Sin embargo, la reducción de pólizas ha ido acompañada de un aumento del capital asegurado pasando de 11.000 a más de 14.000 millones de euros. 
La reducción de las subvenciones, sumadas al aumento del capital asegurado y la mayor siniestralidad con aumento de las indemnizaciones, se ha reflejado en un fuerte aumento de las primas a pagar por los asegurados en la mayor parte de las líneas e incluso por tipos de coberturas para equilibrar los resultados.
Ante esta situación, se entiende que el seguro tendrá futuro si las primas responden a los niveles de cobertura que demandan agricultores y ganaderos.
 Desde UPA se reclaman modificaciones entre las que destaca que la alta siniestralidad provocada por el cambio climático años seguidos no suponga recargo sobre recargo en las pólizas, lo que supone cargarse el sistema de seguros y que a la vez se tengan también en cuenta las mejoras que hace el agricultor para reducir siniestralidad con mejoras en el laboreo y en el uso de semillas. 
Las aseguradoras señalan estar abiertas a un debate en el marco de Atocha para elaborar una propuesta con la mirada puesta en la próxima década. Se plantea la necesidad de universalizar la política del seguro al existir producciones prácticamente en blanco; la posibilidad de establecer un seguro básico obligatorio indispensable para recibir las ayudas de la PAC; estudios sobre posibles rebaja de los niveles de algunas franquicias, el ahorro en los gastos de gestión de las aseguradoras, el desarrollo y uso de nuevas tecnologías en la maquinarias para calcular daños e indemnizaciones, revisión cada tres años de rendimientos y precios de productos asegurados y recuperar los niveles de subvención de años pasados para rebajar el coste de las primas a cuenta del agricultor.