"Todo poder es una conspiración permanente", decía Balzac. Cuando leo que Pedro Sánchez rechaza tajantemente que Podemos se siente en la mesa del Consejo de Ministros, pero le ofrece, entre otros cargos, el CIS, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Defensor del Pueblo, me pongo a temblar. ¿Y si aceptan? Cuando el poder es el único objetivo y la conspiración se puede disfrazar de idealismo, todo es posible.
Entre las discrepancias que se hacen explícitas en las "370 medidas" de Pedro Sánchez, está la negativa del PSOE a un referéndum en Cataluña, que hasta hace poco Podemos defendía con uñas y dientes, aunque en la última negociación también estaban dispuestos a pasar por el aro.
En todo caso si la agenda española es complicada, la catalana lo es mucho más. Estamos a una semana de la Diada, cuyo lema oficial es Tornarem, y no hace falta pensar mucho para saber a qué se refieren. El PSC que juega a todas las cartas, ya ha anunciado que no asistirá al acto oficial, pero sigue manteniendo las mejores relaciones posibles porque seguramente su jefe va a necesitar los votos o la abstención de ERC. Torra viaja a Bruselas a recibir instrucciones y a Madrid a poner nervioso al Gobierno, antes de ser juzgado en este mismo septiembre por su negativa a cumplir el mandato judicial de retirar los lazos amarillos del Palacio de la Generalitat. Y aunque el Gobierno que todavía preside -aunque no haga nada más- ha aprobado un aumento del techo del gasto, solo es otra operación de cara a la galería porque es casi imposible que tenga apoyos para aprobar los Presupuestos de 2020 y tendrá que seguir funcionando con los de ¡2017! Si no hay Presupuestos, debería haber elecciones. Pero si hay elecciones, casi seguro que Torra, que está amortizado por ineficaz y por marioneta de Puigdemont, perderá lo único que le queda y deberá entregar el bastón de mando a ERC, que es lo último que desea el político huido a Bruselas, una inversión que no está siendo productiva salvo para él mismo. Así que tendrán que buscar nuevas "ofensas" de Madrid para no convocar elecciones.
En octubre, además del aniversario del 1-O, de una nueva confrontación con el Estado español y la posible toma de decisiones sobre si apoyar a Sánchez, romper con él, permitir un Gobierno con Podemos o tirarse, aún más, al monte, llegará la sentencia del juicio que tiene presos a varios políticos que se saltaron la ley y que, en el mejor de los casos para ellos, les inhabilitará políticamente y en el peor les mantendrá varios años en la cárcel. A eso hay que sumar la división independentista, el grave problema de seguridad en Barcelona que la alcaldesa Colau quiere cargar a todos menos a ella, la desorientación del PP catalán, el "no sé quién soy" de Ciudadanos, el declive de Podemos, el nacimiento de nuevos partidos como la Lliga, los extraños vaivenes de la Societat Civil Catalana, el silencio de los empresarios catalanes, con alguna excepción como la de Foment, y, sobre todo, unos ciudadanos que ven la desatención de los servicios públicos y la inoperancia de sus dirigentes...
La pregunta es cómo afrontar esta agenda, resolver la fractura creciente y poner todas las fuerzas a trabajar por los intereses de los ciudadanos. Y nadie responde.