Nadie dijo que un Gobierno de coalición fuera a ser una balsa de aceite. Los intentos de primera hora porque no aparecieran discrepancias que pudieran ser utilizadas por la oposición  para dibujar al Ejecutivo de Pedro Sánchez como una jaula de grillos han dado paso a las diferencias abiertas.

Ya no son cuestiones de forma, de engranajes que chirriaban que se trataron de remediar en la reunión de Quintos de Mora, pero ya ha surgido la primera desavenencia por cuestiones de fondo, por un asunto que sí figuraba en el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en relación con las políticas migratorias. La sorpresa de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalaba las devoluciones en caliente ha abierto la caja de los truenos, aderezada además con el globo sonda del Ministerio del Interior de endurecer la política de asilo, y eso que nuestro país no se excede a la hora de otorgar esa protección a los miles de personas que la solicitan, ha motivado que Unidas Podemos haya enseñado los colmillos y ha logrado que el ministro Fernando Grande-Marlaska dé marcha atrás.

Si las críticas en el seno de UP han llevado a los Anticapitalistas a comenzar a dejar la formación que ayudaron a crear tras la movilización del 15-M, si los líderes podemitas son objeto de continuas críticas por la presencia de marido y mujer en la mesa del Consejo de Ministros, si tienen que realizar esfuerzos constantes para no aparentar ser parte de la casta que con tanta fiereza criticaron hace unos años y realizan gestos y celebraciones que solo se entienden si es que les falta rodaje, amen de una cierta sensibilidad, los dirigentes  de UP tienen que comenzar a demostrar que sus principios están por encima de los oropeles del poder.

Las políticas migratorias despiertan una sensibilidad especial en las personas de talante más progresista, no solo por motivos de humanidad sino porque es uno de los lugares de confrontación con los partidos de la ultraderecha, que a la vez marcan el debate político y las agendas de los partidos que se encuentran en esa frontera ideológica, sin que los partidos socialdemócratas acaben por dar con una respuesta porque saben que se trata de un asunto de gran incidencia en el electorado.

La presión de Unidas Podemos ha forzado al Ministerio del Interior a recular, a volver a guardar en el cajón el borrador sobre el que se trabajaba para diseñar una nueva política de asilo y refugio, que no cabe duda de que necesita una puesta al día, dado que en el plazo de una década las peticiones de asilo han crecido exponencialmente desde las tres mil a las 119.000 del año pasado.

El Ministerio del Interior ha resuelto el encontronazo por la vía de dejar en manos de la Unión Europea, que trabaja en la modificación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que derivará en una directiva comunitaria que podría estar lista para dentro de un año y a la que se acomodaría la ley nacional de asilo y por tanto no tendría sentido iniciar una reforma que volvería  a ser reformada.    

Los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno quizá no tengan muchos fondos para realizar sus funciones, pero están muy pendientes de que no les metan goles por la escuadra con asuntos que afectan a su razón de ser.