Ya tenemos un nuevo eufemismo, otro uso del lenguaje políticamente correcto para no herir la sensibilidad de un determinado grupo político. A partir de ahora y según la teoría jurídica del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cometer una ilegalidad, convocar un referéndum ilegal, declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, aunque fuera por un brevísimo espacio de tiempo, y sustraerse a la acción de la justicia son actos “que no son indiferentes al derecho” como repitió en un par de ocasiones durante una entrevista televisiva.
Tan no son indiferentes al derecho, que por esos actos están encarcelados otros dirigentes políticos catalanes que pusieron en marcha ‘el procés’ que no huyeron como hizo Carles Puigdemont. Pablo Iglesias se ha sacado de la manga esa expresión para no reconocer la evidencia, que el expresidente de la Generalitat cometió un acto ilegal sancionable con arreglo a las normas jurídicas y por los que el Tribunal Supremo juzgó al resto de sus compañeros de aventura a los que dejó atrás en su fuga y a los que se les condenó por un tipo penal más leve que el que pretendían el ministerio público y la acción popular,
El líder de UP, sin embargo, no utilizó el eufemismo para calificar la situación de Puigdemont en Bruselas sino que le definió directamente como un exiliado por llevar sus ideas políticas hacia un extremo -que él considera ‘erróneo’-, y lo situó al mismo nivel que los centenares de miles de exiliados que tuvieron que abandonar España para salvar sus vidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Al obviar la memoria democrática dio alas a la consideración de los independentistas catalanes de que España sea un país verdaderamente democrático, cuando estos lucharon por las libertades y aquel no hizo sino violentar el orden constitucional.
Iglesias abundó en la idea de que la actitud de Carles Puigdemont y la del rey emérito Juan Carlos I, que se encuentra también fuera de España, le merecían distinta consideración moral, sin duda más benévola con el expresidente catalán que con Juan Carlos I. Pero por encima de los juicios morales que entrañan una cierta subjetividad se encuentra la más objetivable vulneración del derecho penal. Así, el rey emérito ha manifestado su intención de estar siempre a disposición de la justicia y ha saldado su infracción administrativa, mientras que Puigdemont intenta eludir sus responsabilidades penales por todos los medios a su alcance.
Con una cierta crudeza el líder de Unidas Podemos describió que en Cataluña existe un “problema político”, y apuntó que la posición del Gobierno favorable al indulto de los condenados por el ‘procés’ es producto de una "lección política" que "todo el mundo debe entender": el quid pro quo de la aprobación de los Presupuestos Generales con los votos de ERC. No hay consideraciones morales en este asunto, solo de carácter político que permitirán el mantenimiento del Gobierno de coalición, aunque defiendan posiciones distintas con los socios socialistas, en muchos aspectos.
El vicepresidente segundo no dudo en hacer profesión de fe republicana y eso sí que le es indiferente al derecho, porque le amparan todos los derechos como al resto de los ciudadanos y no va a ser perseguido ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas.