¿Castilla y León ha conseguido ya revertir su saldo vegetativo? ¿Ya ganamos población? ¿Ya empiezan a corretear los niños por nuestros pueblos? ¿Se han instalado esas decenas (cientos) de industrias necesarias para mantener empleo y vida en nuestro medio rural? ¿La fibra óptica ha llegado por fin hasta cada rincón de esta vasta tierra para que cualquiera pueda vivir donde desee y teletrabajar desde la Montaña Palentina, las Arribes del Duero, el Valle del Alberche o la llanura de Tierra de Campos? ¿Hemos superado el reto demográfico (¡cómo me repatea este eufemismo!)? O, dicho de otro modo, ¿en qué momento ha dejado de ser la despoblación el gran problema de Castilla y León y de otras muchas regiones europeas?
Me temo que no. Que todo sigue igual, o peor. Pero nuevamente lo urgente oscurece lo importante. Cuando parecía que había un consenso político -o eso nos había vendido- en la Unión Europea para dar prioridad a las políticas de población con el objetivo de revertir el acuciante envejecimiento y la alarmante despoblación que sufre un importante número de regiones del Viejo Continente, a la hora de la verdad, en el momento de poner ceros en los presupuestos y dar prioridades nos encontramos que este tema realmente deja de ser prioritario y no aparece mención alguna en el histórico acuerdo de la UE para el fondo de Recuperación post-covid. Los pueblos no cuentan en el nuevo Plan Marshall.
El tsunami social y económico que ha supuesto la pandemia ha relegado al montón de papeles pendientes esas políticas para dar esperanza a los pueblos, insuflar futuro al medio rural. Sí que se habla de salida verde. Sí que se habla de apuesta digital… pero ni rastro de dispersión, ni rastro de envejecimiento, ni rastro de proyectos para fijar población. Es más, los planes europeos que estaban más vinculados con esta materia han sufrido un tijeretazo digno de mención. Léase la PAC.
Pero no todo está perdido, pues las transferencias directas que recibirá cada país ligadas al Fondo de Recuperación deben estar ligadas a proyectos concretos. Ahí debe estar la capacidad tanto del Gobierno de España, a través de la vicepresidenta Teresa Ribera que en su cargo vincula Transición Ecológica y Reto Demográfico, como de la Junta de Castilla y León, cuyas competencias en la materia ostenta Francisco Igea; para presentar proyectos que contribuyan a reorientar fondos y sacar del cajón del olvido una materia que ambos consideraban prioritaria, al menos de boquilla.