Este año la celebración del Día Internacional de la Mujer estará más rodeada de polémica que centrada en las habituales reivindaciones. Lamentablemente el desacuerdo entre distintas organizaciones feministas en puntos como la abolición de la prostitución o la legalización de los vientres de alquiler, además de la confrontación política entre los partidos de izquierda por la futura ley de libertad sexual, ha desviado el foco de la atención mediática y política de problemas endémicos como la brecha salarial, la precariedad laboral y el famoso techo de cristal en los puestos de dirección.
No se puede negar que se han logrado grandes avances en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero no es menos cierto que todavía persisten muchas situaciones de discriminación tanto laboral como familiar. Las estadísticas son tozudas y reflejan que la brecha laboral en la región, por ejemplo, se ha ampliado casi cuatro puntos porcentuales en diez años. Un problema persistente y universal, dicen los sindicatos, que  además vaticinan que no se puede esperar ninguna mejora duradera en nuestra situación económica mientras nuestro tiempo y talento se valore menos que el de los hombres. 
Cuesta entender cómo a estas alturas de siglo XXI se mantiene, con menor o mayor intensidad, la segregación profesional de las mujeres en determinados empleos y sectores, aunque los niveles de formación y acreditación académica sean similares. Y sorprende todavía escuchar testimonios de profesionales cualificadas que retrotraen a una situación social propia de hace varias décadas. Aunque más preocupante aún es cómo la polarización política ha puesto en entredicho muchos logros o derechos conseguidos en los últimos años, además de cuestionar reclamaciones legítimas para lograr la igualdad efectiva.
Lamentablemente todavía se antoja necesaria la celebración del 8M, pero alejada de polémicas estériles y de instrumentalizaciones políticas. Las necesidades están claras y la pelota está en manos de los partidos políticos, sobre todo de los que han hecho bandera de la igualdad. Ahora pueden legislar, pero debe ser de un modo eficaz y responsables porque todos los avances son susceptibles de convertirse en retrocesos.