Vox merece un puesto en la Mesa del Congreso, y no permitirlo sería no solo una injusticia sino un grave error político. Se trata de un partido que nos parece abominable a una gran parte de españoles, pero no es peor que otros que sin embargo reciben requerimientos de Pedro Sánchez para formar parte de su futuro de gobierno o para permitir la creación de ese futuro gobierno a cambio de exigencias intolerables e inconstitucionales.

Cuidado con caer en el error del “cordón sanitario” a Vox, pues del victimismo siempre se obtienen buenos réditos a poco que se sepa utilizarlo con un mínimo de cabeza, y puede provocar que en las próximas elecciones, cuando sean, Vox supere ampliamente la cincuentena de escaños con los que cuenta ahora; a no ser que Pablo Casado reaccione con inteligencia ante los errores de los adversarios y cuente con los mejores para potenciar su equipo de colaboradores.

Nunca se ha visto que el tercer partido en votos y escaños se quede sin puesto en la mesa. Vox defiende principios que provocan rechazo, pero también provocan rechazo principios y propuestas de otros partidos a los que sin embargo nadie pone peros para sentarse en esa tribuna que además de decidir la agenda de las Cortes, y marcar por tanto los tiempos del gobierno, cuenta con una importante remuneración extra para sus miembros. Si se respeta el resultado de las urnas hay que aceptar que Vox forme parte de la Mesa del Congreso, donde a través de pactos ya tienen lugar apalabrado representantes de partidos que no han logrado el 10-N tantos escaños como Vox.

En esta España actual con una deriva incierta y preocupante, se tiende a considerar normal que la izquierda radical llegue a lo más alto de las instituciones , que los independentistas puedan llegar a sentarse en una mesa negociadora con el gobierno al mismo nivel y que Pedro Sánchez haya cometido la tropelía de calificar como conflicto político lo que sucede en Cataluña, lo que ha debido provocar miles de brindis con cava en los círculos independentistas. Se da paso a quienes promueven la secesión de España, la abolición de la Monarquía y tienen a sus dirigentes en prisión, y se promueve a vicepresidente de gobierno a un político sin ninguna experiencia de gestión, al que acompañará en el gobierno su mujer, también en un ministerio, y en igual de condiciones de falta de experiencia. Frente a estos disparates, se demoniza en cambio a un partido por hacer suyas las causas del franquismo y por no aceptar la ley de violencia de género. Graves pecados, pero no mayores que lo que pretenden los socios de Sánchez.

Es muy incómodo verse obligado a defender el derecho de Vox a participar en la vida pública, pero peor es pensar en un futuro con los extremistas de izquierdas sentados en el gobierno y un presidente negociando con independentistas condenados pokowr sedición y malversación.