La contumacia con la que la Generalitat se ha empeñado en poner en la calle a Oriol Pujol, que mañana lunes saldrá de la prisión de Cans Brians para acudir a su trabajo, es un aviso a Instituciones Penitenciarias sobre el destino de los condenados por el procès.
En caso de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo les condene por rebelión o sedición, lo lógico, como en el caso de cualquier otro penado, es que se cumpla la condena cerca de su domicilio y familia. Así lo recordó ayer mismo la Consellera de Justicia de la Generalitat, poniéndose la venda antes de la herida, ante la rebelión de los fiscales catalanes por el trato de favor dado al hijo de Pujol, gracias a su apellido.
La presidenta de la Asociación de fiscales de Cataluña, Dexeus, ha denunciado que el artículo 100.2, que se aplica al hijo de Jordi Pujol para permitirle pasar todo el día fuera de la prisión, tiene un carácter excepcional, con intención de tratamiento, y que, en este caso solo, se justifica por el hecho de ser quién es. Razón por la que van, una vez más, a recurrir la medida.
Ante estos hechos, cabe imaginar la utilización por parte del independentismo, tanto de ERC como de Junts per Cat, del cumplimiento de las penas de Junqueras, Rull, Turull o Jordi Sánchez. Si ya su paso como preventivos por las cárceles catalanas convirtió a estos centros en lugares de peregrinación masiva y de protestas a sus puertas, las peticiones de indulto y de cambio de régimen carcelario se convertirían en el nuevo movimiento aglutinador de un independentismo que necesita nuevas formas de movilizar a los suyos. El relato, que ha perdido fuelle tras las sentencias europeas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y las continuas performances de Puigdemont desde su tranquilo refugio de Waterloo, necesita estímulos y los presos pueden ser un acicate y una nueva campaña contra el "Estado opresor".
Por tanto, una decisión que no debería plantear ningún problema, suscita dudas en este caso concreto que obligará a Instituciones Penitenciarias, de quien depende el traslado, a cuestionarse la medida. El precio a pagar será, sin duda, la campaña de acusaciones de trato discriminatorio y de aplicarles el mismo castigo que a los presos de ETA, dispersos por toda la geografía española. Pero lo contrario podría poner en jaque a los fiscales catalanes, obligados a la tarea del permanente recurso ante beneficios no justificados más que por motivos políticos. Todo esto, en el caso de que Marchena y sus colegas desestimen las peticiones de absolución de las defensas.