Editorial

Riesgo de desencanto

Óscar Gálvez
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El 13 de mayo fue una fecha para la historia en la política de Castilla y León. Se celebraba ese día un debate entre los principales candidatos a presidir el Gobierno autonómico. Solo existía un antecedente y ya quedaba muy atrás en el tiempo (1995) como para no otorgar a los de 2019 una dimensión histórica. Era la primera oportunidad que tenían los castellanos y leoneses de ver un debate entre representantes de la nueva política, del siglo XXI. Nada que ver con aquella vieja política de finales del siglo XX. O quizá sí, porque apenas ha variado la costumbre de mentir en campaña, de prometer una cosa y hacer otra. Amén del empobrecimiento del mensaje, del discurso, cada vez más superficial y a la vez mas atrincherado.
El 13 de mayo había ganas de escuchar a todos los candidatos, de ver cómo se desenvolvían en un debate cruzado que fue emitido por Castilla y León Televisión y que permitió a los espectadores de la autonómica convertirse en testigos excepcionales de los compromisos de unos y otros. De alguna forma, era la primera ocasión real de los emergentes Ciudadanos y Podemos de lanzar un mensaje más local, más pegado al territorio, la esperada oportunidad que los candidatos de ambos partidos (Francisco Igea y Pablo Fernández, respectivamente) tenían para aportarle matices a los programas nacionales, siempre tan globales. Los candidatos de la nueva política hicieron su trabajo y unos días después, el 26 de mayo, los electores dictaron sentencia. A Podemos le dejaron con dos escaños raspados en las Cortes (perdiendo ocho respecto a 2015) y a Ciudadanos le premiaron con 13 en la Cámara autonómica, donde solo había podido sentar cinco en las anteriores elecciones. 
El partido de Albert Rivera capitalizó el desencanto con el PP gracias a unos compromisos que cuatro meses después de aquel 26 de mayo se suponen vigentes. Especialmente en materia de regeneración y transparencia, exactamente el talón de Aquiles del PP de los últimos años y por el que, precisamente, los ‘populares’ pagaron en las urnas. Mes y medio después, la política de pactos de Cs a nivel nacional les colocó en el Gobierno de Castilla y León, apuntalando a un PP en serios problemas. Era la gran oportunidad de Ciudadanos de llevar al PP hacia su orilla, la de cambiar hábitos y practicar una política más oxigenada. Sin embargo, cuatro meses después es Ciudadanos quien se encuentra frente a su propia contradicción: a la espera del primer paso para la eliminación de ‘chiringuitos’, olvidos de informar sobre contrataciones eventuales y vista gorda a que las instituciones sigan funcionando como agencias de recolocación de políticos fracasados en las urnas (el ex diputado vasco Javier Maroto como senador por las Cortes de Castilla y León) o cargos que figuran en la investigación de la operación Kitchen (el exsenador y exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó como asesor en la Junta) como máximos exponentes. Además de otras cuantas colocaciones que encajan poco o nada en el decálogo de la nueva política que llevaban a gala los ‘naranjas’. Parecen no ser conscientes de que son ellos los que más se examinan en las urnas el 10-N, los que prometieron tirar del carro de la regeneración. El PP (y el PSOE) tienen amortizadísimos en las urnas ese tipo de pecados. Que Pedro Sánchez en Moncloa tenga infinitamente más asesores a su servicio que los que tuvo Mariano Rajoy apenas está en el escrutinio de la calle. El ojo hoy está puesto en Cs. Y lo deberían saber.