En los últimos meses, el Ministerio de Agricultura ha sido el vertedero de docenas de propuestas en materia de política agraria, donde dominaban las demandas desde los costes de producción, el relevo generacional o los problemas de la cadena alimentaria, para acabar con el despoblamiento rural, siempre con la PAC como eje de los debates. 
Con tantas necesidades sobre la mesa y además con unas finanzas escasas -porque los afiliados siempre dan lo que dan y la Administración viene reduciendo los apoyos- no aparecía por ninguna parte la necesidad de ir a una clarificación sindical, a unas elecciones, con la excepción de Unión de Uniones, que mantiene su campaña reclamando un puesto en la mesa en igualdad de condiciones y alegando los resultados logrados en las cuatro elecciones celebradas desde 2016 en otras tantas comunidades autónomas.
Desde el Ministerio de Agricultura, se ha recogido el guante de las demandas del sector y es su decisión abordar las mismas con rapidez para lograr la máxima eficiencia en materia de Modernización de las Explotaciones Agrarias, Ley de Titularidad Compartida, Ley sobre Entidades Asociativas Prioritarias o Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, no hay nada claro sobre la representatividad de las organizaciones agrarias por lo que supone de polémica, aunque se trata de un agujero que está ahí y sobre el que algún día se deberá dar una respuesta. En medios oficiales, se habla muy discretamente sobre la necesidad de dar una salida y acabar con la situación actual, pero no hay más ideas sobre la mesa, lo cual se explica desde la prudencia del ministro Planas y el destino actual de los esfuerzos sobre la próxima reforma de la PAC.
El próximo 21 de este mes, se cumplen los 40 años de las primeras elecciones generales a escala estatal desde la transición en el sector agrario, en aquel momento a las Cámaras Agrarias, en un escenario donde los puestos se los repartieron la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG), la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA); la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), más grupos y candidaturas independientes. 
 Hoy, cuatro décadas más tarde, el espectro se ha reducido a una Asaja mayoritaria nacida en 1989, donde se integraron CNAG, Ufade y el CNJA. Como segunda fuerza estaría COAG, y como tercera UPA, las tres siglas con reconocimiento estatal en Agricultura, pero donde convive una cuarta organización, Unión de Uniones, surgida de una escisión de COAG y de grupos y dirigentes procedentes de Jóvenes, con fuerte presencia en Cataluña -con Unió de Pagesos-, en Castilla y León -con Unión de Campesinos-, y en la Comunidad Valencia -con Unió de Llauradors-, amén de otras como Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla La Mancha.
Unión de Uniones no se puede comparar con el intento de reconocimiento hace unos años del Grupo de Empresarios Agrarios, el GEA, que aspiraba a un puesto en el espacio de Asaja. 
Clarificar y normalizar la representatividad sindical fue uno de los objetivos de Miguel Arias Cañete, por el que no demostraron ningún interés las tres organizaciones agrarias reconocidas por Agricultura, como tampoco la ministra heredera de esa disposición, Isabel García Tejerina, que optó por no meterse en ningún charco, manteniendo la interlocución existente y en un apartado con Unión de Uniones.
En primer lugar, fijando unas pautas claras. Actualmente, las competencias en materia de elecciones se hallan en manos de las Comunidades Autónomas. En el ejercicio de sus derechos, hay regiones que ya han celebrado varias elecciones desde 1978, mientras otras no han llevado a cabo ninguna. Desde 2016, por tener una fecha de referencia, se han convocado comicios en Cataluña, Extremadura, Castilla y León y en Madrid, en las que han participado las cuatro siglas. Parece no tiene sentido esta situación de elecciones a goteo y sería lógico que Administración central y el conjunto de las autonomías lograsen un acuerdo, ahora que tanto se habla de pactos, para que, si no en una fecha única, existiera un periodo prudencial donde hubiera votaciones en todos los territorios. Elecciones hay o no hay, pero no así donde cada territorio campa a sus anchas en función de las demandas de las organizaciones agrarias.
Desde la perspectiva del papel de unas siglas representativas, en los últimos tiempos se ha echado en falta ese reconocimiento real de las organizaciones agrarias. El Consejo Asesor Agrario ha estado generalmente como un elemento decorativo, sin desempeñar la finalidad para la que fue constituido porque, una cosa es que se celebren docenas y docenas de reuniones de coyuntura, Consejos Consultivos, y otra tener espacios para debatir políticas agrarias desde los análisis a futuro. En este contexto se puede decir que las organizaciones agrarias han contado muy poco a la hora de definir políticas de calado. En las negociaciones para aplicar la reforma de la PAC en 2O14, los acuerdos se adoptaron inicialmente entre Agricultura y las Comunidades Autónomas, mientras las organizaciones agrarias eran simplemente informadas sobre el contenido de los mismos. Hoy, abiertos los debates para elaborar el Plan Estratégico para la próxima reforma, las asociaciones tienen la oportunidad y lo están haciendo, para negociar en el mismo los planteamientos sobre los que debería caminar el sector en la próxima década porque, a la postre, la agricultura la ejercen los agricultores y no los políticos de turno de las Comunidades Autónomas donde, en muchos casos, a la hora de los acuerdos, solo saben contar cuantos miles de euros ganan o pierden en los repartos para sacar o meter pechos electorales.
Y, saber quién representa a quién en cada territorio o sector, al margen de las apariciones en los medios, no es ningún delito.