Si hay que elegir entre la salud y la economía, lo primero gana por goleada. Y así debería ser también si la disyuntiva fuera entre la salud y los intereses políticos. Pero, me temo que no es así. Cuando Alfonso Guerra, en 1982, dijo aquello de que «iríamos a dejar este país que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió» no pensaba, casi 40 años después, que se iba a cumplir a rajatabla la frase del locuaz líder socialista. Dirán que exagero, quizá; o pensarán que son escenarios totalmente diferentes el que teníamos aquel año y el de hoy en día. Y efectivamente, lo son. Sin embargo, las decisiones que, salvo contadas excepciones, adopta ahora la clase dirigente sigue una estela que, cuanto menos, huele a chamusquina. No solo lo digo por ese incesante goteo de caraduras que se han saltado impunemente la cola de la vacunación contra el coronavirus, sino por la insensatez que supone convocar unas elecciones autonómicas en plena cresta de la tercera ola de contagios, proyectando una descarada sensación de que la política prima sobre la salud de las personas.
Mientras centenares de miles de familias, autónomos y empresarios bajan la persiana por decreto ley, sin saber siquiera como van a subsistir la próxima semana, los partidos abren el supermercado del voto a granel en Cataluña sin ningún pudor. Incluso se muestran extrañados por las numerosas reclamaciones de ciudadanos llamados a componer las mesas electorales. ¿Qué sentido de estado revelan así los partidos políticos? ¿Qué confianza pueden generar entre una población sumida en el hartazgo y la indignación? Sinceramente, poco ocurre en este país para la mediocridad reinante y la zafia instrumentalización del poder público.
En medio de las espeluznantes cifras de fallecidos diarios, nada justifica una cita electoral a la que, como es lógico, pueden acudir en igualdad de derechos y condiciones las personas contagiadas o no. Ahí tienen, a modo de ejemplo, lo sucedido con las elecciones presidenciales en Portugal del pasado 24 de enero y el posterior rebote sin precedentes de casos de coronavirus en el país luso, hasta el punto de necesitar ahora la ayuda de Alemania y Austria. Todo ello me lleva a pensar que, a pesar de los once largos meses de pandemia, no son pocos los políticos que aún andan perdidos y eso, lamentablemente, se contagia de forma indefectible. El verdadero problema, como saben, es que el virus puede ser tan invisible como la estupidez, aunque lo primero acaba siendo detectado, mientras que lo segundo…
No se trata, ni mucho menos, de enjuiciar gratuitamente nuestro propio sistema de convivencia democrática, pero creo que quienes tienen la responsabilidad de dirigir los designios de los administrados deben rehuir de métodos omnímodos y de intereses partidistas. Porque cualquier acuerdo, como el de celebrar los comicios catalanes el próximo 14 de febrero, tiene que adaptarse ergonómicamente al interés general del conjunto de los españoles y no a la subrepticia encrucijada de una comunidad autónoma, por muy independiente que quiera actuar y más cuando está en juego la salud de todos.
Si miles de autónomos, familias y pequeños empresarios pueden apretarse todavía más un cinturón demoníaco, cómo no lo van a poder hacer los aspirantes a la Generalitat catalana. Cierto es que entre la salud y la economía debe prevalecer lo primero, pero igualmente debería ser sobre la política cortoplacista. Lo contrario es hundir más el dedo en la llaga.