Estas elecciones van de tener que elegir entre negociar con Torra o el 155". Ésta fue la primera frase pronunciada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pocos minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalizase la comparecencia en la que anunció el viernes la convocatoria electoral de 28 de abril. Ante semejante ejercicio reduccionista de lo que van a ser estas elecciones generales, por muy cierto que sea que Cataluña va a acaparar el debate y que tal afirmación se corresponda con lo que muchos ciudadanos quieren escuchar, cabe considerar acertada la decisión de Sánchez de celebrarlas en fecha distinta a las municipales y autonómicas desde la perspectiva del interés ciudadano. 
Acudir a las urnas en el 'superdomingo'  26 de mayo con un único mensaje político nacional desde buena parte de los partidos hubiera condenado al ostracismo el debate sobre el estado de los pueblos y ciudades y de la propia Comunidad Autónoma, en cuya institución principal, la Junta de Castilla y León, se abre una nueva etapa tras cuatro legislaturas encabezada por el mismo presidente: Juan Vicente Herrera. Es posible que en ese escenario de cinco urnas algunos candidatos hubieran tenido la tentación de validar a través del tema catalán su propias aspiraciones locales o autonómicas. Pero si el 28-A va de Cataluña por encima de cualquier otro aspecto, el 26-M no. La cita con las urnas de ese domingo va, primero, de juzgar a quienes durante cuatro años han hecho gestión de los intereses de 2,4 millones de castellanos y leoneses que residen en los 2.248 municipios de la región, en asuntos tan cercanos como la gestión del agua y los residuos urbanos, de su evolución urbanística, de sus equipamientos culturales y deportivos, de si han sido capaces de ofrecer a las familias plazas públicas suficientes de guarderías para sus hijos, si han desarrollado una adecuada política económica y de empleo dentro de sus competencias, etc... Demasiadas materias de incuestionable interés como para que quedasen totalmente eclipsadas por Torra y los independentistas. 
Si el electorado quiere castigar a Pedro Sánchez y mandarle a casa por lo que ha hecho y dejado de hacer con Cataluña está en su derecho y tendrá la oportunidad de castigarle si así lo estiman el 28 de abril, pero lo que no tendrá un pase es que una vez cierren las urnas ese día, los candidatos del 26-M a presidir Castilla y León y los pueblos y ciudades de la Comunidad intenten corromper el verdadero sentido de esos comicios. Que se cuele Cataluña también en este proceso va a ser inevitable, pero todo tiene un límite. En nombre de la lucha contra el independentismo y la unidad de España no puede valer todo. Hablemos entonces de Castilla y León, que es la España que tenemos más cerca, la que a ratos sufrimos y disfrutamos.