En esto del Covid, casi todo lo que podía salir mal ha salido mal (ahora, lío con las vacunos) y me pregunto si alguno en España estará para hacer lo que ya en Francia están haciendo (en realidad lo estaban haciendo antes de la pandemia): reflexionar sobre el modelo organizativo del estado, evaluar su eficiencia, analizar sus “arritmias” en su suma, la relación coste beneficio. Para el ciudadano, digo.

Funciona en Francia el ASAP, un llamado comité para la Aceleración y Simplificación de la vida pública por cuyo tamiz no sólo pasarán las instituciones y los dirigentes políticos electos, sino también los funcionarios que a veces se constituyen en una suerte de tecnocracia opaca e intransigente. En general las fuerzas que operan en estos sistemas presentan una fuerte resistencia al cambio.

En la medida en que el coronavirus está llevando tantas personas y tantas cosas a la UCI, España tiene una excelente oportunidad de reflexionar sobre la idoneidad de sus estructuras no sólo políticas, sino también administrativas: duplicidades redundantes, soluciones contradictorias o divergentes a problemas comunes, obsolescencia reglamentaria y, en suma y a la postre, poca adecuación a los tiempos que corren, sociedades globalizadas y fenómenos de escala.

Es urgente: tiempo atrás han existido distintas iniciativas armonizadoras de los procesos autonómicos que han tenido un calado escaso y que han quedado neutralizadas por las acometidas independentistas que han puesto la casa patas arriba en los últimos diez años. Nosotros, los italianos, países en vía de ser viables, tenemos, seriamente, que auspiciar una pensada bien intensa sobre cómo nos estamos organizando, para qué sirven los gobiernos y de qué modo hacerlos más útiles. Se lo debemos a nuestros hijos.