La gota fría que estos días está poniendo en jaque a media España parece solo un avance de la tormenta perfecta que se anuncia para este otoño. Un pronóstico gris, que hace más dura la cuesta de septiembre después de un verano que, a pesar de la quinta ola, ha sido una vía de escape a las restricciones derivadas de la pandemia. 
Las vacaciones nos han inmunizado parcialmente frente a los precios récord, que un día sí y otro también, marca el mercado de la electricidad. Pero  esta anestesia temporal parece que no aguantará el impacto de la vuelta a la rutina. Y los próximos recibos amenazan con erosionar de forma importante unas economías domésticas ya muy maltrechas. De momento hay mucho comentario de barra de bar, mucha política de eslogan en las redes sociales y muy pocas soluciones reales. Mientras, los expertos ya han avanzado que los precios seguirán subiendo hasta final de año. Y eso son ya palabras mayores porque la llegada del frío conlleva un importante incremento del gasto energético en los domicilios particulares. Algo quemuchas familias no se podrán permitir.
Además, llueve sobre mojado porque la pandemia generó, en un primer momento las colas del hambre, que se han ido paliando con distintas medidas sociales. Pero, de momento, no se atisba ninguna medida inmediata para frenar el avance de la pobreza energética, que amenaza con extenderse como una nueva epidemia.
La única medida que se ha tomado hasta el momento ha sido la bajada del IVA, que ha quedado desdibujada por la escalada de precios. Y el resto de propuestas se dilatarán en el tiempo por lo que la empatía que se pide desde el Gobiernos será difícil de aplicar. De hecho, no ayuda nada que ni entre los propios socios se pongan de acuerdo y que tampoco se pueda lograr un consenso con la oposición. Pero todavía resulta más llamativo que el sistema no tenga recursos para hacer frente a las empresas eléctricas, que están multiplicando sus beneficios en medio de una crisis económica. No puede ser que la justificación de la complejidad de este mercado avale que se produzca energía con recursos naturales públicos y se pague al precio de las más caras. Esta falla en el sistema impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y a su calidad de vida.