En esta semana han saltado las  diferencias dentro del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. El acuerdo gubernamental entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fue sólo una lista de promesas y no se contempló los necesarios acuerdos en asuntos que el PSOE y Podemos habían tenido históricas discrepancias de fondo, con la consecuencia  que esta semana sus miembros han proyectado la imagen de un ejecutivo dividido, con dos lenguajes políticos, y en el que algunos de sus ministros y vicepresidentes han ofrecido un espectáculo penoso. 
El presidente Sánchez ha activado  la comisión del pacto PSOE-Podemos para encauzar el conflicto. Tal comisión es otra pieza al margen de las instituciones parlamentarios de control.
No se sabe si el presidente del Gobierno puede cesar a un ministro de Podemos, pues en el acuerdo nada se dice al respecto, y aunque Pedro Sánchez posea intacta su facultad de nombrar y cesar a sus ministros, el ejercicio de esa competencia podría tener consecuencias si, por ejemplo, destituye a la ministra y esposa del otro firmante de la coalición, Irene Montero. 
Es complicado combinar las normas de un gobierno constitucional, con la práctica que parece seguir Pablo Iglesias, y que en relación con su cónyuge se podría caracterizar como de tipo sultanato (Max Weber definió el sultanato como una forma de dominación no racional, pero tampoco tradicional, como es el caso del Podemos de Pablo Iglesias). 
El Gobierno estará siempre en crisis, sin embargo eso no significa que durará poco, ya que todos los partidos, como sólo actúan por intereses electorales inmediatos, no tienen interés en que esta legislatura dure poco, pues unos y otros esperan que el transcurrir del tiempo despeje sus incertidumbres presentes. Tal vez, con la excepción de Vox, que cree que el futuro es suyo. 
Lo sucedido con el anteproyecto de ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es una muestra muy significativa de la crisis permanente del ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque no se conoce su exacto contenido, las filtraciones que han surgido del entorno gubernamental -parece que procedentes del ámbito monclovita-, han dibujado un texto legal que más parecía una soflama que una norma adecuada a un ordenamiento europeo como  el nuestro. 
Sin embargo, no es solo un rasgo de incompetencia del equipo de Irene Montero al elaborar la ley llamada de libertades sexuales. Para la ministra y sus colaboradores, las normas jurídicas, la Constitución y las leyes de la Unión Europea, nunca han formado parte de sus convicciones; más aún, el derecho era visto como un obstáculo que había que neutralizar para superar el  Régimen del 78, es decir, para derogar el actual sistema constitucional y europeo. 
Las afirmaciones del vicepresidente Iglesias, saliendo en defensa del proyecto de Irene Montero, son la demostración de que él piensa que el derecho debe estar sometido a la política. «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», dijo Iglesias refiriéndose a los ministros críticos con el borrador de Irene Montero, una frase que resume que su populismo irracional bebe en las fuentes del totalitarismo del pasado siglo. 
El borrador de la ley de libertades sexuales carece de técnica jurídica porque pretende imponer una teoría sexual que no cabe en ningún ordenamiento legal europeo, y aún, en ninguna nación del mundo. 
El feminismo, y la mayor parte de los movimientos de liberación de la mujer, hunden sus orígenes en el liberalismo y las luchas a favor de la igualdad de los seres humanos. 
Sin embargo, el feminismo de Irene Montero y de Pablo Iglesias (véase su artículo Pornopolítica y capitalismo cognitivo.Las identidades transgénero como clave de lucha antisistémica) pretende imponer un feminismo contrario a los descubrimientos de la ciencia, que sostiene que la sexualidad es sólo cultura, y que las mujeres están en lucha contra los hombres. 
En realidad, consiste en reconvertir la rancia lucha de clases soviética, en una lucha de géneros, igualmente falsa. Llevar esa teoría a la ley es consagrar la arbitrariedad.