El independentismo se prepara para responder a la sentencia del "judici", sobre cuya absolución ya no se especula en sus marcos mentales como el único desenlace admisible. Ahora se tiene la seguridad de que será condenatoria. No le falta perspicacia. Y es que sin sentencia condenatoria la desconexión con el Estado ya no sería una extravagancia exclusiva de quienes sueñan con la república independiente de Cataluña. Si la ciudadanía percibiese que sale gratis atentar contra el orden constitucional poco futuro tendrían las instituciones, empezando por la Justicia. 
Pero eso no preocupa a los independentistas, cuya misión en la vida es reventar las instituciones del Estado y poner en marcha una legalidad alternativa. Así que, de momento, le basta y le sobra con sindicar una respuesta común a la venidera sentencia contra los responsables de las tramas política y civil que llevaron el procés hasta la declamación de la independencia posterior al referéndum del 1 de octubre de 2017. 
Malas noticias para la causa. Las que revelan la dificultad de consensuar la reacción al fallo del tribunal presidido por Manuel Marchena. Los seguidores de Torra-Puigdemont (JxC) van por un lado. Y los de Junqueras-Torrent (ERC) van por otro. Ambos se trabajan para la causa al mundo económico y social de Cataluña, pero cada uno a su manera. Entre la parroquia independentista los primeros y más transversales los segundos. 
En el caso del presidente del Parlament, Roger Torrent, está proponiendo a las patronales y los sindicatos un documento de tres puntos: defensa del diálogo y soluciones políticas al conflicto, respeto a la voluntad democrática de los catalanes y rechazo expreso a la "represión" del Estado español. Este tercer punto es el que suscita más reticencias entre los actores movilizables contra la sentencia condenatoria que se avecina sobre los reos del "judici" llevado a cabo en el Tribunal Supremo. 
Será muy difícil lograr la transversalidad que persigue ERC ante el hecho de que el carácter "represor" del Estado español es una percepción exclusiva del independentismo. Sobre todo tras los recientes pronunciamientos de los tribunales europeos de Justicia (Luxemburgo) y de los Derechos Humanos (Estrasburgo). Uno reconoció a las autoridades españolas la capacidad habilitante de sus eurodiputados (catalanes o no, separatistas o no). El otro, el deber del Estado de defenderse de quienes pretenden atacar el orden institucional. 
Y tan difícil como la transversalidad va a ser conseguir la remada conjunta de las dos grandes fuerzas independentistas, la que lidera Puigdemont desde el autodestierro y la que lidera Junqueras desde la cárcel. Son crecientes e incesantes las señales de división entre ambas. La separación en el Congreso (ERC prefiere a Bildu) y el conflicto reciente en la Diputación de Barcelona (JxS prefiere a los