Un diputado ha pedido esta semana que se “corra a gorrazos” al gobernador del Banco de España por el contenido de un informe técnico. Ningún dirigente del partido al que pertenece, Podemos, ha reconvenido o rectificado al parlamentario por semejante deposición dialéctica, pronunciada desde la tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados, el templo de la palabra y la oratoria. Nadie lo esperaba. Ni siquiera ha causado ya sorpresa escuchar esas expresiones en ese escenario solemne, tal es el hartazgo de los españoles antes las formas (y los fondos) de la nueva política ya en riesgo real de extinción.

Lo que no le gustó al diputado Rafael Mayoral del documento publicado por el gobernador Hernández de Cos es que culpara a la subida del salario mínimo, una de las primeras medidas del gobierno de coalición, de la pérdida de puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes. Lo mismo que advirtieron en su momento todos los institutos de análisis, las organizaciones empresariales y los organismos a los que dejaron pronunciarse. Era lógico, cuadraba en las cuentas de las pequeñas y medianas empresas pensar que si se veían obligadas a una subida salarial impuesta, frenaran cualquier contratación en la que hubieran estado pensando para el futuro. Pero al diputado no le gusta que aquella advertencia se haya convertido en constatación real que se refleja en un informe oficial, por lo que prefiere la ridiculización y el exabrupto como contestación huérfana de razonamiento y de datos que rebatan la tesis contraria a su ideología. “Es impresentable que se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe”, dijo el diputado Mayoral antes de animar a que De Cos se someta a un paseíllo de sus amigos radicales dándole golpes en la nuca con sus boinas tribales. Tan ridículo como parece.

Mientras el diputado Mayoral lanzaba esa salida de tono, quedaba sepultada por toneladas de titulares una pequeña noticia sin importancia: otro diputado, Íñigo Errejón, negaba haber dado una patada en el estómago a un ciudadano que le pidió una fotografía al reconocerle en la calle. Muchos titulares más abajo quedaba otro asunto sin hueco en los programas televisivos de actualidad: la fiscalía pide para el diputado Alberto Rodríguez seis meses de cárcel por dar una patada a un policía.

A todo ello se puede añadir que nadie nos ha explicado todavía por qué dimitió el vicepresidente del gobierno de España para quedar el último en unas elecciones regionales. Que es quien realmente ha sido “corrido a gorrazos” imaginarios por los votantes.