El 20 de diciembre de 1989 la Comisión Europea aprobó la primera dotación de 20.000 millones de pesetas para la reconversión de la minería de Castilla y León. Conocido como Plan Rechar, se iniciaba un proceso que tenía como objetivo último el cierre de las minas de carbón. El camino ha sido proceloso y deliberadamente confuso porque los políticos que aceptaban los planes de cierre en Bruselas (sin distinción entre PSOE y PP) negaban con descaro en las cuencas mineras lo que sabían que acabaría ocurriendo. En diciembre de 2018 se cerraba la última mina y el pasado 30 de junio se anunció oficialmente el desmantelamiento de las tres últimas centrales térmicas de la Comunidad: La Robla, Velilla y Compostilla.

La falta de valentía de los políticos a lo largo de estos 30 años de agonía, alcaldes, diputados y ministros, cortoplacistas en la gestión, más atentos a las urnas que a la gente, ha provocado que a una parte importante de la población le ocurriera como al pastor confiado que relajó la vigilancia, no buscó alternativas, y llegó incluso a confiar en que nunca llegaría el lobo. No menos culpables fueron los sindicatos, cuyos dirigentes mineros estaban más interesados en solventar su propia jubilación que en materializar otras condiciones para las generaciones futuras. Y alguna responsabilidad cabe también a los empresarios, colaboradores necesarios en allanar el camino de la protesta, desde el realismo interesado y la obligación de hacer frente a los salarios de cada mes, o el favor fraudulento de incluir en la nómina como picadores a trabajadores de oficina, consejeros, conserjes o alguien que pasaba por allí. O que nunca pasó.

El desmantelamiento de las térmicas es el epílogo de una historia cuya primera página la escribió Endesa seis años después de acabada la Guerra Civil. Ahora se habla de la obligación moral de una transición que haga justicia con los territorios mineros, que compense el esfuerzo humano, cobrado en vidas en trágicas ocasiones, y los recursos entregados por las cuencas para el desarrollo de otras zonas de España. Transición de justicia que ha de ser justa.