El Congreso de los Diputados aprobó esta semana el plan de 10.000 millones de euros en ayudas de los que 7.000 millones serán ayudas directas. Fondos que irán destinados a pymes y autónomos y que se repartirán en función de una serie de condiciones. El problema es, como ya anunció la propia ministra de Hacienda, que el dinero no llegará a las cuentas de los destinatarios hasta el verano. Y, no es ese el único problema. Muchos sectores se han quedado fuera del plan, todos afectados por las restricciones de movilidad y aforos impuestos por la pésima evolución de la pandemia.
A estas alturas, un año después del primer estado de alarma y del confinamiento total, son ya decenas de miles de empresas y autónomos los que se han visto obligados a cerrar su actividad. El Gobierno se aferró a los ERTE, a las prestaciones por cierre de actividad y a los créditos ICO como única alternativa, mientras en otros países se daban ayudas directas o se bajaba el IVA de la hostelería. Nunca llegó a las empresas el plan para el turismo anunciado por el presidente Sánchez el verano pasado y jamás se concedieron ayudas directas, sin burocracia, rápidas y sin compromiso responsable como sí han hecho países de nuestro entorno. Algunos como Alemania que no viven precisamente del turismo y todas sus derivadas.
El virus y sus nuevas variantes, sobre todo la británica, se ha extendido descontrolado por Europa y las nuevas restricciones y la escasez de vacunas no sólo se ha llevado por delante la Semana Santa y otras fiestas importantes en distintos lugares de España, sino que ya son demasiados los que ponen en duda que se pueda salvar el verano. La esperanza de que para entonces estuviéramos vacunados el 70% de los españoles se desvanece y con ello la posibilidad de que en verano vengan a España un número suficiente de turistas que amortigüe las pérdidas que todo el sector lleva sufriendo desde hace meses. Tanto el Banco de España como otros servicios de estudios dan por descontado que este trimestre será de caída de la actividad y que sería un milagro si el PIB crece por encima del 6% este año.
Mientras, el Gobierno se resiste a revisar sus voluntaristas previsiones. Incluso sigue poniendo sobre la mesa la contrarreforma laboral, subidas del SMI o de salarios creando un marco de incertidumbre para los negocios que nos conducirá a más cierres y más paro. Insiste en anteponer unos acuerdos de gobierno que ya de por si son perniciosos, pero que en todo caso se han quedado desfasados ante la magnitud de su mala gestión sanitaria y económica. Miles de empresas corren riesgo de insolvencia, de morir por falta de liquidez y el Gobierno no parece tener prisa. El peor gobierno, en el peor momento ya es más que un eslogan es una realidad que se ha llevado por delante miles de negocios y de empleos y para la que desgraciadamente no se ve la salida.